¿Hay suficientes profesionales en Costa Rica?

La educación representa un derecho y una necesidad; define la clase de estándar de vida a la que cada individuo puede aspirar.  La salud y la felicidad de las personas, su seguridad económica, sus oportunidades y estatus social son, en gran parte, producto de sus experiencias de aprendizaje. Asimismo, la educación es determinante para el bienestar de las naciones, como la suma de experiencias educativas individuales que tienen implicaciones generales para la sociedad.

En un mundo globalizado, en el que la tecnología, la economía, el conocimiento, las personas, los valores y las ideas cruzan las fronteras, el retorno sobre la inversión en educación, y especialmente en educación superior, es altísimo.  Múltiples investigaciones demuestran que los individuos que logran graduarse de las universidades obtienen mayores ingresos y por tanto, están en capacidad de generar más ahorro, por lo que, a su vez,  pueden ofrecer mayores oportunidades de superación a sus hijos e invertir en su salud y pensión. Además, trabajan en ambientes laborales más seguros y cómodos y cuentan con más tiempo libre y prestigio personal.

Pero la educación superior no solo beneficia al individuo, sino también a la sociedad, a través de mayor consumo,  pago de impuestos, inversiones financieras, flexibilidad de la fuerza laboral y menor inversión social por parte del Estado.  Como si fuese poco, los ciudadanos educados en las universidades  tienden a cometer menos crímenes, son más dados a participar en actividades voluntarias, donar a las causas sociales, asumir sus funciones cívicas y adaptarse mejor a los cambios tecnológicos.  Los países con poblaciones más educadas desarrollan sociedades civiles más organizadas y cohesivas, que se convierten en el capital social que subyace el desarrollo sostenible en la sociedad del conocimiento.

Parte del rol crítico que juega la educación superior en el mejoramiento de la calidad de vida se manifiesta en el campo económico.  Este es el caso hoy; las economías globalizadas valoran la competitividad mucho más que antes, y más aún, debido a que las nuevas tecnologías de información, el crecimiento económico y el desarrollo social dependen más del conocimiento humano que de la disponibilidad de recursos naturales.

Como si fuera poco, se ha comprobado que los graduados universitarios, en general, no son afectados por el desempleo, y ganan salarios ascendientes a lo largo de sus vidas profesionales. 

¿Podría considerarse entonces que en nuestro país existen “suficientes” graduados universitarios para la estructura productiva del país, como lo asevera el Estado de la Educación del 2013?  Se gradúa solo el 22% de la población adulta.  Mi respuesta es que no hay "suficientes" costarricenses devengando salarios dignos ni "suficientes" profesionales que contribuyan con el fortalecimiento de la estructura productiva actual; y que faltan muchos más profesionales calificados para satisfacer nuestras aspiraciones en materia de desarrollo.

Artículo publicado en el Periódico La República el 9 de diciembre de 2013.

Educación híbrida y aulas invertidas

El término “educación híbrida” describe el proceso que combina las clases presenciales con aquellas mediadas por computadora y dispositivos móviles en general, empleando aulas virtuales, en tiempo real y de forma asincrónica.  También se refiere al proceso de aprendizaje auto-dirigido por el alumno, que emplea medios digitales en línea como apoyo a lecciones que recibe cara a cara. 

Un curso híbrido puede combinar tres elementos: actividades de aprendizaje en línea y presenciales; estudiantes en línea y en persona; así como profesores en línea y en persona.  En el primer modelo, los mismos estudiantes y profesores participan en todas las actividades presenciales y en línea.  En el segundo, un grupo de estudiantes, en persona, interactúa con otros estudiantes, en línea, que participan en el mismo curso.  En el tercer modelo, un curso presencial es impartido por varios profesores, incluyendo uno o más a distancia.

La enseñanza híbrida se ha convertido en una práctica común en instituciones educativas ejemplares, en educación secundaria y terciaria, principalmente por su capacidad de mejorar el aprendizaje del estudiante al cambiar la forma en que el profesor utiliza el tiempo de clase.  Con el mejoramiento de las tecnologías digitales, ya es posible “invertir el aula”, de tal manera que el profesor dicte su lección por vídeo, y aproveche las horas de clase para facilitar la interacción, el análisis y las experiencias prácticas de sus alumnos en el desarrollo de valiosas competencias disciplinares y generales.

Este tipo de educación aumenta el acceso a la información en múltiples formatos, lo que permite que los estudiantes profundicen sobre los contenidos de una forma más efectiva. Segundo, facilita los medios para que los alumnos se auto-regulen y dirigan su propio aprendizaje. Tercero, fomenta la interacción social; desde una perspectiva constructivista del aprendizaje, las personas asimilan e integran el conocimiento mucho mejor, a partir de la negociación social de los significados con sus compañeros y profesores. 

A través de la integración de ambientes mediatizados por computadora y dispositivos móviles, con la interacción cara a cara, los estudiantes pueden destinar más tiempo a reflexionar, recopilar información, intercambiar ideas, trabajar en equipo, analizar datos, crear nuevos productos y redactar propuestas.  Más allá de esto, la comunicación en línea obliga a los estudiantes a desarrollar habilidades interpersonales, capacidades tecnológicas y analíticas, así como otras habilidades para el aprendizaje que les serán útiles durante toda su vida.

Desde la perspectiva del docente, el uso de aulas virtuales facilita la actualización de los cursos, debido a que los recursos en línea son fáciles de subir y no requieren habilidades sofisticadas para administrarlos.  Cuentan con la posibilidad de integrar al proceso de enseñanza wikis, blogs, y múltiples otros ejercicios didácticos, y facilitar espacios para el trabajo grupal y la entrega de asignaciones.  Como apoyo al docente, las aulas virtuales cuentan con herramientas para la detección del plagio, lo que facilita la revisión de trabajos escritos, así como aplicaciones que simplifican los procesos de calificación y comunicación entre los diversos participantes del curso.

Estudio tras estudio han demostrado que los estudiantes y profesores prefieren la educación híbrida sobre los cursos tradicionales. Sorprende entonces que tan pocas instituciones costarrricenses la hayan incorporado.  Al igual que el acceso a laboratorios de cómputo, el uso efectivo de aulas virtuales debería conformar parte del inventario de recursos y metodologías pedagógicas disponibles en todos los colegios y universidades.

Publicado en La República el 25 de noviembre de 2013.

¿No vieron el debate sobre educación en ULACIT? Véalo aquí.

Debate presidencial en ULACIT, el 25 de noviembre de 2013

Enseñanza de la ética

Las conductas humanas tienen consecuencias sobre el bienestar de los otros; cotidianamente estamos obligados a tomar decisiones con implicaciones éticas. Resolvemos dilemas familiares, opinamos sobre asuntos públicos, votamos por un partido político, o escogemos, de acción en acción, nuestro rumbo en la vida.  Por ello, la enseñanza de la ética es fundamental en todo el sistema educativo.

Una sociedad civilizada es una que prepara a sus ciudadanos para identificar situaciones o preguntas morales y a razonar sistemáticamente sobre ellas.  Una educación ética pertinente para nuestra época prepara para reflexionar sobre nuestras propias creencias, así como sobre los valores que han moldeado la vida de los demás, en la historia y el espacio, y así llegar a una posición en la que nos encontremos listos para adoptar, como propios, los valores que guiarán nuestro quehacer cotidiano.

La enseñanza de la ética no es sinónimo de adoctrinamiento. Necesariamente requiere que las personas estén expuestas y reflexionen sobre distintos sistemas de creencias, aun cuando no estén de acuerdo con ellos.  Indistintamente de los credos religiosos, convenciones sociales, tabúes, ideologías políticas y nociones de legalidad, todo ser humano debe comprender que el pensamiento ético lo obliga a actuar correctamente.  

A pesar de sus propios intereses o deseos, debe comulgar con ciertos principios mínimos de convivencia social, como el respeto a los derechos de los otros, incluyendo su libertad y bienestar; de ayudar a aquellos que más lo necesitan; de buscar la verdad y el bien común; de disminuir sus tendencias egocéntricas en sus propios pensamientos y conductas; y de buscar que el mundo sea un lugar más justo y compasivo. 

Una educación ética apropiada motiva a los alumnos a ser consistentes entre lo que dicen y lo que hacen; a evitar utilizar un estándar para sí mismos distinto al estándar con el que evalúan a los otros; y a ser honestos ante la evidencia y argumentos que puedan existir en contra de sus puntos de vista. Además, les permite identificar comportamientos socialmente deseables, como mostrar amabilidad, contención, misericordia, civilidad, apertura intelectual, perdón, benevolencia, caridad, respeto y justicia con los demás.  El propósito es que los alumnos lleguen, deliberadamente, a afirmar y vivir bajo sus propios principios.

Parece ser que el MEP recién integró la enseñanza de la ética en la educación de tercer ciclo y la diversificada, un paso en la dirección correcta. Ahora, preocupa que la mayor parte de carreras universitarias adolezcan de formación ética.  No convence que digan que la formación ética se desarrolla de forma transversal en el currículum cuando se sabe que no se constata. CONARE y CONESUP nos harían un favor si exigieran la incorporación de este componente en todos los planes de estudio universitarios en Costa Rica.

Publicado en La República el 11 de noviembre de 2013: https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533307752 

Subsidios e impuestos

Tengo que discrepar del  informe del  Estado de la Educación de que Conape ofrece un importante subsidio público a la demanda por educación superior privada, primeramente porque no es un subsidio, y segundo, porque no es un mecanismo de financiamiento que atienda las necesidades de un número significativo de alumnos. 

Un subsidio es, por definición, la diferencia que existe entre el precio real de un servicio y el precio que paga el usuario por acceder a él.  Claramente, los estudiantes del sector privado que utilizan Conape no reciben subsidios, porque al finalizar sus estudios, deben pagar la totalidad del costo de su educación, a una tasa de interés del 8%.
Los subsidios en educación superior los reciben, exclusivamente,  los alumnos de las instituciones públicas.  Los becados reciben un subsidio superior a los no becados, pero todos los alumnos, aun los de mayor ingreso, solo asumen una pequeña fracción del costo total de su educación. El  porcentaje exacto con el que contribuyen los estudiantes que sí pagan, de los costos totales de su educación, todavía está por verse; la información sigue sin estar públicamente disponible.
Los alumnos de las universidades privadas, provenientes en su mayoría de colegios públicos, deben recurrir a becas institucionales, fondos privados o préstamos bancarios para poder asistir a la universidad.  Solo 5.345 alumnos se financiaban con Conape en 2012.  Aproximadamente un 70% eran alumnos de universidades privadas, lo que quiere decir que un 2% de la población universitaria privada estudiaba con Conape. No creo que el impacto de Conape en la demanda por educación superior privada se pueda tildar de “importante”.
La mayor parte de la población en la educación privada ocupa financiamiento para ingresar a la educación superior; simplemente no tienen fiadores ni garantías prendarias que respalden el préstamo que requieren solicitar.   En su lugar, se han institucionalizado programas de becas y mecanismos de financiamiento administrados por las mismas universidades, que han generado mayores posibilidades de acceso al nivel superior.
Unos 49 mil alumnos de la educación superior estatal provienen de los quintiles de mayor ingreso, según el Estado de la Educación, y todos reciben fuertes subsidios. En cambio, unos 33 mil alumnos de la educación superior privada provienen de los tres quintiles de menor ingreso, y el Estado está considerando, contra todo elemento de justicia,  más bien incrementar el costo de su educación con un impuesto de ventas.  Hasta que esta injusta asignación de los recursos públicos no se corrija, el Gobierno no tendrá la autoridad moral para tasar la educación superior privada. 

Publicado en La República el 28 de octubre de 2013

Lo que no dice el Estado de la Educación

El Estado de la Educación recopila y sistematiza información fundamental sobre el sistema educativo costarricense, pero reconoce que siguen existiendo problemas con la disponibilidad y calidad de los datos.  Preocupa, por ejemplo, que se siga reportando solo el número de títulos otorgados por las universidades, no así las tasas de titulación universitaria, un indicador fundamental del logro educativo. 

El Informe reporta este índice de desempeño en todos los demás niveles educativos, pero no para la educación superior, lo cual resulta desconcertante, porque el informe fue preparado por las universidades estatales.  Presumo que al menos deberían contar con los datos de sus propias instituciones. 

A diferencia del número de títulos otorgados por año, las tasas de graduación reflejan el porcentaje de los alumnos que ingresaron en un año específico y que se graduaron en el plazo estipulado, según el nivel académico y la disciplina.  No le cuesta igual a los contribuyentes que se gradúen 40.000 bachilleres en 4 años a que se gradúen en 8 años.  Tampoco es igual para la competitividad nacional que la fuerza laboral tarde más del doble del tiempo estipulado en prepararse para ingresar al sector socioproductivo.

Las universidades estatales, o no tienen la información o prefieren no reportarla.  En ambos escenarios, la situación refleja una total despreocupación institucional, gubernamental y social por que se rindan cuentas sobre los resultados de titulación obtenidos con el aporte del presupuesto público corriente de 276 mil millones de colones anuales (en 2012) y el aporte extraordinario de 5.5 mil millones de colones recibidos como parte de las últimas negociaciones del FEES.

Preocupa, porque múltiples estudios han remarcado las bajas probabilidades de graduación en las universidades estatales.  En la UCR, un estudiante que ingresa a una carrera de cinco años, tiene más del 90% de probabilidades de no graduarse en ese plazo, según los resultados de un estudio publicado el 12 de agosto de este año en el Semanario Universidad.  Para comparar y contrastar los resultados con los datos de las universidades privadas, bastaría con que el CONESUP los solicitara y verificara, haciendo uso oportuno de las potestades de fiscalización que le otorga la ley.  Hasta la fecha no los ha solicitado.

Sigo preguntando: ¿Cuánto nos cuesta a los costarricenses la formación de estos profesionales y cuánto tiempo demoran en graduarse?  El Estado de la Educación tiene la obligación de reportar estas cifras.    Además, debería reportar el gasto público y privado por alumno que el país realiza en los distintos niveles educativos. Sospecho que podríamos generar sustanciales mejoras en el sistema con solo solicitar y reportar estos datos.

Publicado en el Periódico La República, 14 de octubre de 2013.

Enseñar a pensar y el bachillerato

Se puede afirmar que todos pensamos, en el entendido de que somos capaces de concebir y relacionar ideas.  Pero no todos tenemos buenos hábitos de pensamiento, como la capacidad de generar preguntas y problemas con claridad y precisión; de recopilar y evaluar información relevante; o de llegar a conclusiones y respuestas bien razonadas.  Además, con frecuencia carecemos de las actitudes características de un pensador sofisticado, como la perseverancia, la humildad, la autonomía y la integridad intelectual.  Nunca aprendimos a pensar bien porque nadie nos preparó para ello.

Por cubrir y evaluar “la materia” en lugar de enseñar a pensar, el sistema educativo costarricense no ha permitido que los alumnos desarrollen sus capacidades para asumir, con responsabilidad, su papel protagónico en el proceso de aprendizaje. Presume que los alumnos educados son, por definición, los informados, no necesariamente los pensantes, por lo que muchos profesores no motivan a los alumnos a interrelacionar ideas entre las distintas disciplinas del conocimiento, adoptar posturas sobre dilemas complejos, ni defender sus puntos de vista con argumentos y evidencias. 

Los muchachos no desarrollan competencias ni disposiciones para considerar diversos puntos de vista, examinar sus supuestos, evaluar la veracidad de los hechos, explorar las implicaciones y consecuencias de distintas alternativas, o bien llegar a analizar contradicciones e inconsistencias en su propio pensamiento y experiencias de vida.  En efecto, el sistema educativo actual no los enseña a pensar, por lo que los muchachos se gradúan de la educación general básica sin saber resolver problemas, transferir ideas a nuevos contextos y tomar decisiones.

El proceso de enseñar a pensar no es antagónico a enseñar la materia, puesto que no se pueden desarrollar capacidades mentales pensando sobre la nada.  Los contenidos curriculares proveen la oportunidad para ser descubiertos, analizados y sintetizados.  Pero también la mente crea, organiza y transforma los contenidos, por lo que los alumnos deben aprender la materia por medio del ejercicio del pensamiento crítico, no con la realización de tareas memorísticas rutinarias.  Es así como el alumno puede aprender información valiosa, pero además debe comprender su propósito, los cuestionamientos que plantea, los conceptos que la estructuran, las suposiciones que la subyacen, las conclusiones que se extraen, las implicaciones que se derivan de esta, y los puntos de vista que se dilucidan. 

Si se pretende que los alumnos aprendan a pensar y disfruten de su proceso de enseñanza, deben ejercitar sus capacidades de razonamiento al leer, escribir, hablar y escuchar. Si se pretende que los profesores enseñen a razonar, deben saber razonar ellos mismos y el sistema educativo debe evaluar esa capacidad en los alumnos… y sus docentes.  

Es otra razón por la que sugería, en mi columna anterior, que las pruebas de bachillerato fueran sustituidas por una sola prueba de razonamiento.

Publicado el 30 de setiembre de 2013 en el Periódico La República https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533306026

Las pruebas de bachillerato y la propuesta de don Johnny

Publicado en La República, el 20 de setiembre de 2013 https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533305627

Ante la propuesta de Johnny Araya de no requerir las pruebas de bachillerato a los alumnos que no piensan continuar con su formación universitaria, comprendo los argumentos de quienes se preocupan que el país pueda retroceder en materia educativa, pues según ellos, las pruebas establecen una lista de contenidos mínimos que todos deberíamos conocer. Sin las pruebas, los estudiantes aprenderían menos porque no se esforzarían por dominar la materia.  Además, el sistema educativo sería menos consistente porque cada centro podría variar, en detrimento de su calidad, el currículum oficial; y el país no contaría con información completa para comparar y mejorar el rendimiento general de los alumnos y los centros educativos.  Sin los resultados en las pruebas de bachillerato, no se podría brindar un grado de confianza a la población en el sistema educativo, un fin de gran valor político.

También comprendo la posición de los críticos, que indican que las pruebas de bachillerato evalúan solo contenidos mínimos de un currículum que no es el idóneo ni pertinente, a la luz de los requerimientos en la era del conocimiento.  Las pruebas evalúan el aprendizaje memorístico de algunos conceptos y hechos aislados, no el aprendizaje contextualizado y significativo de valiosas habilidades para el trabajo y la vida.  Lo que no se evalúa no se aprende ni se enseña, por lo que el tiempo que se destina a preparar a los muchachos para pasar las pruebas de bachillerato podría destinarse a la enseñanza del razonamiento matemático y científico, de la comunicación oral, escrita y visual; del uso de herramientas tecnológicas y los idiomas; de la ética y otras valiosas competencias generales y específicas de las disciplinas del conocimiento. 

Por otra parte, se utilizan las mismas pruebas para evaluar el aprendizaje en comunidades urbanas y rurales, afluentes y marginales, sin que su diseño refleje las disparidades en la disponibilidad de recursos, lo que claramente va en detrimento de los intereses de las comunidades desfavorecidas.  Por último, la implementación de las pruebas implica una enorme inversión financiera que podría destinarse a otros fines, como a la infraestructura, tecnología y otros recursos de aprendizaje.

Una alternativa sería graduar a los alumnos del colegio con la nota de presentación, pero además solicitarles que realicen una sola prueba de carácter internacional que evalúe sus capacidades de razonamiento.  Las calificaciones obtenidas, aunado a los datos socioeconómicos de los alumnos, podrían servir como un criterio de admisión y de otorgamiento de becas en todo el sistema universitario, público y privado, lo que generaría beneficios, no solo para los estudiantes y sus familias, sino para las universidades, que se ahorrarían los enormes costos de aplicar sus propias pruebas.  Los alumnos se esmerarían en salir bien evaluados en esta prueba, por lo que tendrían que aprender a razonar.  Finalmente, el país podría, con mucho menor costo, recopilar y comparar datos sobre la condición académica, socioeconómica y laboral de los alumnos, con el fin de evaluar los resultados de las instituciones educativas, en el corto, mediano y largo plazos.