Calidad, investigación y tarifas en u's privadas

En los últimos días propuse varios criterios sobre importantes cambios necesarios en la actual  regulación de la educación superior privada, con el afán de mejorar la calidad del servicio educativo y la relación entre los estudiantes, las universidades y la sociedad.  Debido a que hubo algunas interpretaciones erróneas de mi propuesta, deseo aclarar tres aspectos.

Primero, como sucede en países desarrollados, la investigación que se otorgaría a las universidades privadas mediante concurso de méritos, abierto y transparente, la definiría el ente regulador, con base en los objetivos planteados por un Plan Nacional de Educación Superior Privada, el cual recogería las prioridades nacionales identificadas por el sector productivo, académico, estatal y civil.  Las universidades contarían con la colaboración técnica de al menos una universidad debidamente reconocida en su país de origen, con amplia reputación internacional en investigación, con el objetivo de fortalecer las competencias de las universidades costarricenses y fomentar los vínculos de cooperación internacional.

Segundo. Con respecto a las tarifas de la educación superior privada, la propuesta de ley solicita a las universidades firmar contratos que estipulen —con claridad— todos los aranceles, así como las políticas de aumento.  Los tarifarios de las universidades estarían públicamente disponibles en la página Web del ente regulador.  La alternativa es que el CONESUP siga controlando las tarifas sin criterio técnico alguno, como sucede hoy y reconoce así la Contraloría General de la República.  Pretender controlar los precios en cualquier industria —incluyendo la educativa— produce ineficiencias en términos económicos, pero además provoca problemas con la calidad, así como la retracción de la oferta y la inversión en el sector.  

Tercero. El costo de la educación de las universidades privadas es asequible si se compara con  las tarifas de la educación privada en primaria y secundaria; con las tarifas de la educación superior privada en otros países de renta similar; con los costos de la educación superior estatal;  o con los tiempos de recuperación de la inversión de los estudiantes, a la luz del incremento salarial que recibirían una vez graduados.  Bajo ningún estándar,  la educación es barata para los alumnos en situación de vulnerabilidad y exclusión. 

Por eso, nuestra propuesta de ley dispone de fondos de CONAPE para el otorgamiento de préstamos blandos a una tasa de interés real igual a cero y garantizados por el Estado,  para alumnos en los primeros tres quintiles de ingreso per cápita que quieran estudiar carreras acreditadas.  Los alumnos empezarían a pagar cuando su salario alcance un umbral mínimo de devolución obligatoria.  Además, podrían concursar por al menos 2.000 becas completas para estudiar en carreras acreditadas en universidades privadas, con base en criterios de rendimiento académico y otras cualidades de liderazgo y servicio comunitario.

Publicado el 15 de junio de 2015 en el Periódico La República.

A propósito de discursos de control político

Che Guevara con su Rolex.

Todos hemos conocido a algún progre, que identificamos por su vestimenta desaliñada y oscura, pelo largo, saco deportivo de segunda, anteojos de pasta negra, chancletas y gustos por los bares clandestinos, las canciones punk y las películas del cine independiente. Pertenecen a familias de clase media o media alta, sueñan con un mundo mejor, tienen intereses intelectuales esotéricos y admiran a figuras como el Che Guevara y Fidel Castro. Los conozco muy bien, porque en los ochentas, yo también me definía progre, con todo y el Manifiesto Comunista debajo del brazo.

Poco he cambiado; sigo siendo activista militante de causas que otros han dado por perdidas. Sigo batallando con la injusticia, la desigualdad de oportunidades y la mediocridad, y la pasión me brota, en cada fibra de mi ser, con sentimientos de indignación por quienes manipulan vilmente a las clases sociales más humildes con sus discursos de “control político”, buscando la aceptación de los votantes al presentarse como los redentores de la clase trabajadora, sin importar las consecuencias para el país.  En Costa Rica vamos de mal en peor a causa del populismo, y sin embargo, sigo llena de esperanza de que el pueblo despertará y pronto se movilizará. 

Lo veo en las redes sociales. Somos muchos que aprendimos a desconfiar de quiénes se ufanan de velar por el bienestar común y el progreso del país, cuando lo que realmente pretenden es acaparar el poder político y económico para sus fines individuales.  Empezamos a tomar consciencia del objetivo real de estas personas, las que buscan ser contratadas y remuneradas a perpetuidad en puestos de poder, de forma desmedida y poco solidaria, a costas del ciudadano común, cuyos intereses dicen defender.

Mucho he cambiado.  Con muchos más años y menos ingenuidad, me di cuenta de que la culpa no es del sistema capitalista.  Aún con todas sus fallas, el comunismo ya no es referente ni objetivo que alcanzar por una razón muy simple: el país no puede compartir riqueza cuando no establece un contexto propicio para producirla.  Peor aún, no confío en la honorabilidad y capacidades técnicas de quienes estarían a cargo de repartirla, al menos no con las prácticas de empleo público vigentes y la grave ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.  Las malas prácticas de clientelismo político, nepotismo, amiguismo, corrupción, inoperancia y abuso de poder han corroído el tejido social, con terribles consecuencias sobre el respaldo y legitimidad de nuestra institucionalidad.

Quisiera que nuestra juventud encontrase la pasión por vivir, por luchar por un mundo mejor, y tengo la firma convicción de que podrían canalizar su desencanto con el estado actual de la sociedad y con sus propias condiciones de vida, empoderándolos para que tomen acciones de incidencia política y activismo pacífico, alejándolos a su vez del mundo del consumismo desmedido, la violencia y el vicio.  Sin ira no hay pasión.

Publicado en el Periódico La República el 1 de junio de 2015.