Formación docente y CONESUP

Me siento muy complacida con el nombramiento de doña Sonia Marta Mora como Ministra de Educación Pública, por su amplia trayectoria como académica e investigadora,  como ex rectora de la Universidad Nacional y Presidenta del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), y por sus conocidas cualidades intelectuales y personales.  Me alegro, también,  porque me consta que ella valora la importancia que reviste la calidad de la educación superior privada para el desarrollo nacional, por lo que esperaría que priorice, dentro de su ocupada agenda, el trabajo que desde el CONESUP se realiza en la fiscalización de este sector.

Ya es hora de que el CONESUP impulse las discusiones nacionales con respecto al perfil requerido de los profesionales en las distintas disciplinas, para acordar, en conjunto con las universidades, empleadores y expertos nacionales e internacionales, las competencias que deberían desarrollar los alumnos, así como los indicadores clave de desempeño que podrían utilizarse para determinar que los graduandos cumplen con el perfil esperado. 

Debería iniciar con las carreras de educación, por el impacto que reviste el mejoramiento sistemático del perfil docente sobre la calidad académica en los ciclos de educación preescolar, general básica y diversificada.  Este grupo de trabajo calificado debería definir, entre otros criterios, los cursos medulares y complementarios mínimos que deberían impartirse en cada carrera, siempre y cuando se otorgue a las universidades la flexibilidad para que puedan,  además,  incluir otros cursos con el fin de cumplir con su misión y naturaleza.   

Este grupo de trabajo también podría acordar el número mínimo de cursos en cada carrera, las horas lectivas por curso, las horas de práctica supervisada, y los mecanismos mediante los cuales los alumnos deberían ser evaluados para certificar su idoneidad antes de graduarse.  No puede ser que sigan existiendo  carreras de bachillerato en educación de 28 cursos, impartiéndose con menos de 45 horas lectivas por curso, en las que los alumnos pasan múltiples materias por “suficiencia”, realizan pocas prácticas supervisadas y no son rigurosamente evaluados.

Contra estos marcos de competencias es que se deberían evaluar las propuestas curriculares de las universidades, para que las valoraciones no continúen dependiendo de analistas sin formación en las disciplinas que evalúan, o de la opinión de individuos de entes externos cuya idoneidad profesional y preparación académica se desconoce y cuyas observaciones, aparte de las de OPES, no son legalmente vinculantes.    El CONESUP debería dar un plazo de un año para que las universidades actualicen sus carreras de educación y darles trámite prioritario, en aras de satisfacer los criterios de calidad establecidos por estos marcos de competencias y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de la formación de los docentes en la educación preescolar, primaria y secundaria. 

Publicado en La República el 28 de abril de 2014.

Problemas en la producción de ingenieros

Hace un par de años asistí a una reunión en Casa Presidencial, en la que se presentaron varios ministros del gabinete, personeros de CINDE, el INA y representantes de las universidades principales del país. El objetivo era escuchar la explicación de la importancia de graduar a más científicos, ingenieros y tecnólogos, como si la carencia de especialistas en estos campos se debiera a la falta de conocimiento de las universidades sobre la importancia que esta fuerza laboral reviste para el desarrollo económico nacional.

Parece ser que los pocos minutos que nos otorgaron para explicarles a los gobernantes  los problemas estructurales que enfrentamos las universidades en torno al cumplimiento de este objetivo no fueron suficientes para informar la opinión de la señora Presidenta, quien siguió quejándose en sus discursos de la ausencia de profesionales en estas ramas.

Asumamos por un instante que hubiera suficientes graduados de colegios,  interesados en matricular carreras ingenieriles y tecnológicas, que no los hay, y que estos alumnos tuvieran las capacidades matemáticas y analíticas requeridas para enfrentar, con éxito, los requerimientos intelectuales de este tipo de carreras universitarias.  ¿Cómo atenderían los sectores universitarios públicos y privados esta demanda?

El sector universitario público enfrenta una creciente presión social por admitir más alumnos en sus aulas, utilizando los presupuestos que actualmente recibe.  También se le exige abrir más cupos en las carreras ingenieriles y científicas, que son las más intensivas en recursos financieros, por la infraestructura, mobiliario, equipos, materiales didácticos y recurso humano que requieren para impartirse; no cuesta igual educar a un filósofo que a un ingeniero de materiales.  Para enfrentar esta demanda, tendrían que redireccionar recursos de otras disciplinas, obligando a las universidades a reducir o eliminar programas y plazas, lo que generaría una contienda con los sindicatos y un cuestionamiento de fondo sobre los propósitos de la educación universitaria.

A todo esto, resulta políticamente inconveniente solicitar más recursos financieros al Estado, por ser, las universidades públicas,  instituciones que siguen sin rendir cuentas por los fondos que actualmente reciben, y por no haber demostrado la capacidad de graduar al número de profesionales que el mercado laboral requiere en el tiempo establecido por las mismas instituciones. Al día de hoy, nadie sabe cuánto le cuesta realmente al Estado formar a cada graduado de esas universidades.

En el sector privado, el reto es otro.  El tramitar una carrera para aprobación ante CONESUP sigue tardando aproximadamente dos años, en gestiones meramente burocráticas que no aportan valor a la calidad de los programas académicos que se presentan.  Por otra parte, el ente regulador insiste en que las universidades inviertan en la infraestructura y recursos requeridos para impartir estas costosas carreras antes de autorizarlas, una situación de alta inseguridad jurídica y de inviabilidad financiera.  

Publicado en La República el 7 de abril de 2014.