Perspectiva sobre tarifas universitarias

Cada enero, los medios de comunicación masiva reportan sobre los aumentos en las tarifas de las universidades privadas.  Sin embargo, nunca he visto ningún reportaje sobre el bajo costo de las tarifas de algunas instituciones educativas, una preocupación social mucho más imperante.  ¿Alguna vez se ha preguntado sobre la calidad académica que se puede ofrecer, cobrando cuarenta mil colones por materia y hasta menos, por una formación universitaria? 

Algunas instituciones compiten en el mercado educativo universitario cobrando tarifas bajísimas, por lo que deben ajustar sus gastos para sobrevivir.  Consecuentemente se ven obligados a pagar salarios poco competitivos a sus profesores y personal administrativo; a no invertir en insumos fundamentales para la ejecución del currículum, como infraestructura, tecnología, servicios estudiantiles, recursos didácticos; y a no asumir tareas de investigación, acción social ni extensión.

 

Si existiera un genuino interés por mejorar la calidad académica de la educación superior privada, el CONESUP y los medios de comunicación deberían estar fiscalizando, no a las universidades que cobran más, sino a las que cobran menos. 

Ciertamente, preocupan los aumentos de la matrícula por encima del costo de vida, pero bastaría con que el CONESUP se asegurara de que cada universidad comunique su política de aumento de precios al público, y luego verifique que se cumpla.  De esta manera, los mismos alumnos tendrían la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de esta política y plantear sus denuncias, en caso de inobservancia. 

Cada alumno es libre de escoger la universidad que quiera y pueda pagar, y tiene el derecho, como consumidor, a conocer las disposiciones que le afectarán en cuanto al aumento de precios en su carrera, año con año.  Los precios altos de colegiatura los regula la oferta y la demanda; si el costo de una carrera le parece muy alto en relación con el valor que percibe, simplemente no matricula.

Las bajas tarifas, sin embargo, nadie las regula, y por razones quizás no tan evidentes. Sabiendo que el 75% de los aspirantes provenientes de colegios públicos no llega a la etapa de concurso de carrera en las universidades estatales, y que los cupos en estas subieron solo un 3% en cinco años,  los alumnos de escasos recursos económicos no tienen más opción que matricular en alguno de estos centros educativos baratos. Obligar a estas universidades a cobrar lo que deben, para ofrecer el servicio educativo óptimo, dejaría a miles de alumnos sin posibilidades de estudio. 

Por otra parte, sospecho que hay intereses políticos de por medio, de personas interesadas en que la calidad de la educación superior privada no prospere.  No pueden arriesgarse a que la sociedad costarricense algún día llegue a cuestionar la conveniencia de destinar los miles de millones de dólares que se invierten en el fosilizado sistema de educación superior pública, ofreciendo en su lugar, posibilidades de estudio, financiadas por el Estado, en universidades de comprobada calidad en el sector privado, a una fracción del costo. 

Publicado en el Periódico la República el 20 de enero de 2014.

Mi respuesta a don Henning con respecto a mi estudio de investigación

http://www.elfinancierocr.com/opinion/Opinion-Silvia_Castro-Ulacit-UCR-Henning_Jensen-educacion_superior-universidades_0_443955616.html

Entiendo perfectamente que don Henning se muestre incómodo con una entrevista sobre los procesos de admisión en la UCR (publicada en EF, en la edición 950, del 16 de diciembre anterior), cuando el 75% de los aspirantes provenientes de colegios públicos no llega a la etapa de concurso de carrera, los cupos subieron solo un 3% en cinco años, y la única estrategia a corto plazo que plantea para salvar su responsabilidad en esta debacle es lanzar un proyecto piloto para impartir un curso de razonamiento de ocho sesiones de trabajo, en las comunidades de Sarapiquí y Nicoya.

Lo que no es comprensible, ni intelectualmente honesto, es que trate de disimular la administración ineficiente y poco transparente que hace la UCR del financiamiento que recibe, al tildar de poco confiables los datos de un estudio de investigación que parece desconocer, puesto que si lo hubiera leído, no tendría por qué “conjeturar” sobre el método que utilicé para realizar las estimaciones del costo real de la educación superior pública en el país.

Su propósito de desacreditar mi investigación lo desconozco, porque al final termina reconociendo una de las conclusiones más controvertidas del estudio: que la UCR gasta mucho más que las universidades privadas en impartir las carreras que ofrece. Pero, ¿cuánto más, señor rector? Costa Rica necesita saberlo. No olvide, por favor, aclarar el destino de los fondos restringidos (donaciones, préstamos y recursos girados, por convenio, ley o contrato, a favor de la UCR para proyectos específicos); los fondos de unidades ejecutoras que venden bienes y servicios; las fondos de actividades transitorias, como cursos especiales, en las que se cobra el servicio a los usuarios; y los programas de posgrado, que cobran matrículas comparables a las de universidades privadas.

Costos ocultos

El verdadero costo de la educación superior estatal debería ser de conocimiento público pero el rector insiste en ocultarlo, para luego no tener que explicar, en la próxima negociación del FEES, por qué el Estado gasta cientos de millones de dólares anuales del erario público en sostener una burocracia universitaria que no es ni siquiera capaz de graduar a sus propios alumnos.

Según el Semanario Universidad , un estudiante de bachillerato que ingresa a la UCR tiene más del 90% de probabilidades de no graduarse antes de cinco años, un plazo definido por la misma institución, y el mayor número demora el doble de este tiempo.

Supongo que las bajas tasas de graduación tienen que ver con el pernicioso desdén por la docencia de académicos como el señor Jensen, que se hace evidente al ufanarse de que la UCR no es un “enseñadero”. Si por formar a los profesionales más apetecidos por el sector productivo en carreras de alta demanda laboral y educar a los ciudadanos más comprometidos con la sociedad, significa que trabajo para un enseñadero, reconozco que sí lo hago, y a muchísima honra. No sufrimos de complejos ni aires de grandeza. Nos abocamos a formar grandes profesionales, en lugar de destinar nuestro tiempo a politiquear, cohonestar feudos, maquinar intrigas, denigrar el trabajo honrado de otros o aparentar lo que no se es. Solo cumplimos con nuestra misión y contribuimos con el desarrollo nacional sin que ello le cueste un solo céntimo al Estado. Más bien contribuimos económicamente al sostenimiento de la educación superior estatal.

Don Henning indica que la UCR cuesta más porque ofrece servicios académicos complementarios. En Ulacit también lo hacemos, e incluimos los de colocación laboral, orientación sicológica y vocacional, asesoría académica por parte de profesores a tiempo completo, servicios tutoriales, becas, programas de intercambio y pasantías internacionales, apoyo a organizaciones estudiantiles, atención médica y odontológica, clases de canto, música y arte, entre otros.

Le recuerdo al rector Jensen que los servicios estudiantiles que ofrecen las universidades tienen como fin primordial aumentar las probabilidades de éxito de los alumnos en sus planes de estudio, por lo que, a juzgar por las tasas de graduación de la UCR, debería revalorar el quehacer de esos departamentos complementarios en los que tantísimo dinero invierte.

En lo que sí concuerdo con don Henning es que la biblioteca es un servicio académico fundamental, y la UCR tiene la biblioteca más grande porque la pagamos todos, ricos y pobres, con nuestros impuestos. Sin embargo, yo estaría dispuesta a apostar que la institución a la que presto mis servicios invierte más, porcentualmente, en su biblioteca, recursos didácticos y bases de datos para la investigación, que la UCR en la suya. Esto se puede deber a que nosotros no gastamos el 64,3% de nuestros ingresos, como lo hace la UCR, en el pago de incentivos salariales por encima de las ya altas remuneraciones, incluyendo rubros como retribución por años servidos, restricción al ejercicio liberal  de la profesión y otros.

Como sicólogo, don Henning debería saber que el primer paso para solucionar un problema es admitir que existe, sin excusas, tapujos ni exabruptos.

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El bachillerato y lo que dice sobre la educación

¿Será cierto que la educación secundaria pública es capaz de obtener los mismos resultados educativos que la privada, como lo asevera el Ministro Garnier?  La evidencia que aporta para llegar a esa conclusión es exclusivamente una: los resultados obtenidos en bachillerato.

Para ser válido el argumento que plantea, no solo tendríamos que estar de acuerdo en comparar las calificaciones promedio de todos los alumnos de colegios privados con las de los mejores alumnos de colegios públicos.  También tendríamos que coincidir en que utilizar las notas obtenidas por los alumnos en bachillerato es un mecanismo válido para juzgar la calidad académica de los centros educativos.    

A juzgar por los resultados en las pruebas PISA, parece que las calificaciones obtenidas en los exámenes de bachillerato no certifican que los egresados de colegio posean los conocimientos mínimos requeridos por estándar internacional.  

Con respecto a los promedios obtenidos por los alumnos en los colegios públicos y privados, el argumento no admite que puedan haber diferencias en la calidad del aprendizaje que evalúan esas calificaciones, diferencias que las pruebas de bachillerato no están en capacidad de medir.  El sector privado administra con mayor eficiencia sus recursos que el sector público, por lo que escoge y evalúa continuamente a sus profesores; se preocupa por ofrecer un currículum que supera, con creces, las expectativas de conocimiento que subyacen las pruebas de bachillerato; invierte en infraestructura, tecnología y materiales didácticos; imparte más horas lectivas; y apoya a sus alumnos con múltiples servicios complementarios. 

En cambio, el MEP contrata a cualquier profesor titulado y no evalúa su desempeño; imparte un currículum con una estructura diseñada en los 70s; invierte solo el 3% de su presupuesto en recursos didácticos e infraestructura y opera el 97% de sus colegios en horario alterno (mejor dicho, reducido).  No es un problema de recursos, aunque así lo quieran hacer parecer: otros países de América Latina obtienen mejores resultados con una fracción de lo que Costa Rica invierte por estudiante en educación, como porcentaje del PIB.  Bastaría con redireccionar un porcentaje los recursos de educación terciaria a la educación secundaria.

El argumento tampoco reconoce la posibilidad de que existan diferencias en cuanto a la dificultad con la que se obtienen las calificaciones, según sector.  Es de conocimiento popular que los colegios privados, en general, son mucho más rigurosos en la asignación de calificaciones que los colegios públicos.  No debería sorprender, puesto que un colegio privado que no se esmere en velar por su calidad tiene sus días contados.  En contraste, un colegio público de mala calidad continuará subsistiendo a través de los años, mientras que el Ministerio de Educación le siga girando fondos, sin pedir ningún resultado a cambio.

Publicado en 30 de diciembre de  2014: https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?id_menu=62&pk_articulo=533309620