Cada enero, los medios de
comunicación masiva reportan sobre los aumentos en las tarifas de las
universidades privadas. Sin embargo,
nunca he visto ningún reportaje sobre el bajo
costo de las tarifas de algunas instituciones educativas, una preocupación
social mucho más imperante. ¿Alguna vez
se ha preguntado sobre la calidad académica que se puede ofrecer, cobrando cuarenta
mil colones por materia y hasta menos, por una formación universitaria?
Algunas instituciones compiten en el
mercado educativo universitario cobrando tarifas bajísimas, por lo que deben
ajustar sus gastos para sobrevivir. Consecuentemente
se ven obligados a pagar salarios poco competitivos a sus profesores y personal
administrativo; a no invertir en insumos fundamentales para la ejecución del
currículum, como infraestructura, tecnología, servicios estudiantiles, recursos
didácticos; y a no asumir tareas de investigación, acción social ni extensión.
Si existiera un genuino interés por
mejorar la calidad académica de la educación superior privada, el CONESUP y los
medios de comunicación deberían estar fiscalizando, no a las universidades que
cobran más, sino a las que cobran menos.
Ciertamente, preocupan los aumentos
de la matrícula por encima del costo de vida, pero bastaría con que el CONESUP
se asegurara de que cada universidad comunique su política de aumento de
precios al público, y luego verifique que se cumpla. De esta manera, los mismos alumnos tendrían
la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de esta política y plantear sus
denuncias, en caso de inobservancia.
Cada alumno es libre de escoger la
universidad que quiera y pueda pagar, y tiene el derecho, como consumidor, a conocer
las disposiciones que le afectarán en cuanto al aumento de precios en su
carrera, año con año. Los precios altos
de colegiatura los regula la oferta y la demanda; si el costo de una carrera le
parece muy alto en relación con el valor que percibe, simplemente no matricula.
Las bajas tarifas, sin embargo, nadie
las regula, y por razones quizás no tan evidentes. Sabiendo que el 75% de los
aspirantes provenientes de colegios públicos no llega a la etapa de concurso de
carrera en las universidades estatales, y que los cupos en estas subieron solo
un 3% en cinco años, los alumnos de
escasos recursos económicos no tienen más opción que matricular en alguno de
estos centros educativos baratos. Obligar a estas universidades a cobrar lo que
deben, para ofrecer el servicio educativo óptimo, dejaría a miles de alumnos
sin posibilidades de estudio.
Por otra parte, sospecho que hay
intereses políticos de por medio, de personas interesadas en que la calidad de
la educación superior privada no prospere.
No pueden arriesgarse a que la sociedad costarricense algún día llegue a
cuestionar la conveniencia de destinar los miles de millones de dólares que se
invierten en el fosilizado sistema de educación superior pública, ofreciendo en
su lugar, posibilidades de estudio, financiadas por el Estado, en universidades
de comprobada calidad en el sector privado, a una fracción del costo.
Publicado en el Periódico la República el 20 de enero de 2014.
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