Según CONAPE, un estudiante universitario necesita 5
millones de colones en promedio para graduarse como licenciado, por lo que, con
los 51 mil millones de colones de más que recibieron las universidades
estatales este año, se hubieran podido asignar 10. 200 becas completas en
carreras acreditadas de las universidades privadas más prestigiosas del país.
Con el dinero
asignado a las universidades públicas en un solo año, se hubiera podido
financiar la totalidad de la educación universitaria de unos 82. 100 alumnos. En contraste, las estatales
estiman solo un crecimiento de 609 cupos adicionales para el próximo año, aun cuando
cerraron con un superávit de 113.595 millones de colones. Es sorprendente el compromiso que
adquirieron, puesto que entre los años 2009 y 2014, solo aumentaron 635 cupos;
es decir, plantean casi duplicar los cupos en un solo año.
¿Por qué creció un
14% el presupuesto de las universidades estatales, porcentualmente más de lo
que recibieron los sectores de educación primaria y secundaria, aún a sabiendas
de la difícil situación fiscal que enfrenta el país y con un crecimiento del
PIB apenas de un 3,4%? Si realmente
existiera un compromiso social por parte del Gobierno, no se estaría
subsidiando la educación universitaria de las clases más adineradas del país; un
30% de los alumnos admitidos provienen de colegios privados.
Es inconveniente
que las universidades públicas reciban más fondos que la educación primaria y
secundaria cuando Costa Rica ya destina proporcionalmente muchos más recursos a
la educación terciaria que a la educación general básica, en comparación con
otros países desarrollados de la OECD, según estudios del Banco Mundial.
Entiendo que el
Gobierno Central buscó cumplir con el mandato constitucional del 8% del PIB para
la educación, pero destinó recursos a un sector que no los requiere, y sin
pedir resultados a cambio. Hasta el
momento, ni siquiera ha solicitado a las universidades reportar sus índices de
eficiencia, por lo que nadie sabe, de los alumnos que ingresan, cuántos se
gradúan, en qué plazo, ni cuánto costó graduarlos.
Tampoco ha
solicitado el Gobierno conocer los beneficios concretos generados para el país y
su población en investigación y acciones sociales en las que se tanto se
invierte, ni se preocupó por vincular los recursos asignados a objetivos específicos
ni planes de trabajo, cediendo así su potestad de asegurar el uso idóneo de los
recursos del erario público.
En la Asamblea
Legislativa no hacen nada al respecto. En lugar de velar por el uso productivo
de los fondos públicos en las universidades estatales, el Frente Amplio plantea
una iniciativa que pretende regular las tarifas de matrícula de las universidades
privadas, cuando estas son muy inferiores a lo que nos cuesta a los
contribuyentes la educación superior estatal.
