Incentivos, "pluses" y desempeño del sector público

El único propósito de que existan incentivos y pluses salariales es motivar a los trabajadores para que mejoren su rendimiento y así la productividad de las instituciones en las que laboran, sean estas públicas o privadas.  Para que un esquema de incentivos funcione con ese propósito, se tendrían que definir los indicadores de medición y desempeño que se esperan de cada uno de los colaboradores; las personas que tendrían la responsabilidad de evaluar los resultados obtenidos por cada servidor público; los mecanismos que emplearían para monitorear y controlar el trabajo; y las medidas correctivas que tendrían que tomar en caso de que la calidad del desempeño no sea la óptima.

¿Cuáles son los resultados que se esperan de la gestión de cada servidor público? Tendríamos que empezar por definir ―a nivel institucional― el alcance y los resultados concretos esperados, así como las tareas asociadas a la consecución de cada uno de esos resultados; los recursos financieros, técnicos y humanos disponibles; los plazos en los que se espera lograrlos; los riesgos asociados; y las funciones del puesto que realiza ese servidor público dentro de la institución. 

Un modelo de evaluación por desempeño presupone la existencia de planes estratégicos organizacionales, planes operativos departamentales y planes de trabajo individuales, en los que la consecución de todos los resultados esperados es claramente observable y medible por los evaluadores a lo largo del tiempo y se remunera según el nivel de logro, importancia, dificultad y diligencia. 

¿Qué sucede cuándo los resultados esperados no son claramente observables y medibles? ¿Cuándo existen múltiples jefes o jefes cambiantes y tienen distintas expectativas? ¿Cuándo las decisiones recaen en equipos de trabajo?  ¿Cuándo existen factores que inciden sobre el desempeño que no son atribuibles al trabajador? ¿Cuándo en la práctica se realiza una multiplicidad de tareas en las que la definición del esfuerzo, logro, importancia y dificultad son inciertas?  ¿Cuándo los criterios de evaluación que podrían incidir sobre el proceso son políticos y no técnicos?  ¿Cuándo se requieren estructuras organizacionales y sistemas tecnológicos inexistentes para auditar apropiadamente los procesos de evaluación del desempeño y el pago de estos incentivos?  ¿Cuándo no hay consecuencias por no lograr los resultados esperados? Sucede que los sistemas de incentivos no mejoran la productividad de las organizaciones.  Por no cumplir con su objetivo, múltiples investigaciones en la materia consideran inconveniente la existencia de esquemas de incentivos salariales en el sector público.

Sin esquemas efectivos de evaluación del desempeño, el pago de incentivos bajo el esquema actual es ilegal e injusta.  La Constitución Política, en su artículo 57, lo reafirma: el Estado tiene que pagar siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones e eficiencia. 

Publicado en La República el 3 de agosto de 2015.

Para graduarse en la UCR

Para graduarse en la UCR hay que tomarse su tiempo. Así se titula el reportaje, publicado en el Semanario Universidad el 21 de agosto de 2013, sobre un estudio que realizaron los estadísticos Eugenia Gallardo, Mauricio Molina y Rebeca Cordero, titulado “Tiempos de graduación, factores socioeconómicos y académicos asociados”.  Según el artículo, nueve años es lo que tarda un bachiller en graduarse, y no es la excepción, sino la norma. 

Me sorprende que el señor Rector de la UCR me inste a ofrecerle pruebas contrastantes en el artículo de opinión que publicó en el Diario Extra el pasado 3 de julio, cuando él mismo ofreció declaraciones a los periodistas del Semanario sobre el estudio publicado. En su momento replicó que algunas carreras contaban con planes de estudios sobrecargados y que además había situaciones propias de cada estudiante, como que se casaban, tenían hijos, sufrían accidentes y otros eventos personales que les impedían sacar sus estudios de forma más fluida. 

Los costarricenses no conocemos ningún otro estudio de tiempos de graduación en la UCR que indique lo contrario, y como lo he dicho públicamente en múltiples ocasiones, todas las universidades, públicas y privadas, deben reportar sus índices de desempeño anualmente, incluyendo las tasas de graduación.  Las cifras ni siquiera las reporta el Estado de la Educación, a pesar de ser un informe publicado por el mismo Consejo Nacional de Rectores. 

Agradezco el ofrecimiento del señor Rector, pero no es necesario que me envíe el documento denominado “Cálculo del costo por estudiante institucional”, puesto que lo leí con cuidado  para opinar sobre él.  Me extraña que asuma lo contrario; efectivamente hubiera sido temerario opinar sin conocimiento. 

Sin embargo, acepto su invitación a revisar, en conjunto con sus expertos, la metodología de estimación de costos por estudiante, porque me interesa que el país invierta en la educación de los jóvenes, y no derroche el dinero en privilegios e ineficiencias.  Además, le ofrezco mostrarle la aplicación tecnológica que desarrollamos en ULACIT para automatizar los análisis de costeo por carrera. Así los podría estimar cada año en cuestión de un día, para reflejar los cambios en el presupuesto e implementar medidas correctivas.

De igual manera, lo invito a leer, con detenimiento, el proyecto de ley presentado por ULACIT a la Asamblea Legislativa.  No aspiramos a recibir recursos del Fondo Especial para Educación Superior (FEES).  Podemos contribuir con la investigación y el desarrollo nacional, siempre y cuando podamos competir por fondos concursables en igualdad de condiciones, con el único propósito de no tener que trasladarles la factura a los estudiantes.  Solo eso faltaría: que una minoría privilegiada de la población siga estudiando subsidiada por el Estado, mientras que la mayoría deba, no solo pagar por su proceso formativo, sino también financiar los procesos de investigación que exigen los procesos de acreditación institucional.

Los costos por estudiante en la UCR

Tiene razón el rector de la UCR cuando aclara que para determinar el costo que implica educar a sus alumnos, se requiere más que una simple división; se debe efectuar un estudio minucioso de costeo, que solo se puede realizar con información interna de las universidades estatales.  Por esa razón, en el 2010, la Contraloría General de la República solicitó información al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) sobre los costos por estudiante en las universidades públicas. 

En ese momento, el CONARE creó un equipo técnico para valorar la factibilidad de establecer una metodología común para el cálculo, pero por las diferencias en las estructuras de la información de cada universidad, acordaron que cada una desarrollara su metodología.  Cinco años después, el CONARE sigue sin contar con un documento que recoja el trabajo en conjunto, aunque cuenta con una Oficina de Planificación de la Educación Superior cuya función debería ser, entre otras, fiscalizar el uso eficiente de los recursos invertidos por el Estado en la educación superior.   

Hace pocos días, la UCR divulgó los resultados de un estudio de costos que realizó, pero como el análisis está incompleto, la Contraloría no podrá verificar las cifras ofrecidas. Para entender el panorama completo y sus partes, interesa conocer el destino y retornos a la inversión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), de las rentas propias, los superávits por compromisos pendientes, los proyectos de inversión y los megaproyectos.

Un análisis de costeo bien elaborado debe reflejar el destino de todos los recursos que provienen de los fondos corrientes y del vínculo externo. Por ejemplo, el cobro que se efectúa a los alumnos por matrícula y otros gastos debería estar contemplado en el costo de su carrera universitaria, así como las erogaciones por adquisición de propiedades, construcción, remodelación y alquileres de terrenos, inmuebles, planta y laboratorios que se destinen a la enseñanza y a servicios estudiantiles. Además,  deberían contemplarse los gastos por los servicios públicos relacionados con procesos docentes.  La lista sigue.  Un análisis integral no omite el costeo de las carreras de posgrado.

Además, el costo anual por estudiante debe multiplicarse por los años en que cursó una carrera,  para obtener el costo total por estudiante. En el caso de la UCR, siendo cierta la estadística que publicó el Semanario Universidad en el 2013, habría que multiplicar el costo anual de CRC3.385.450,3 por nueve años, tiempo que los alumnos de bachillerato tardan en graduarse.  Es decir, el costo de una carrera de bachillerato en la Universidad de Costa Rica rondaría los CRC30.469.050, sin incluir todos los gastos faltantes.  El asunto definitivamente amerita un análisis serio y sistemático.

Publicado en el Periódico La República el 29 de junio de 2015.