¿Será cierto que la
educación secundaria pública es capaz de obtener los mismos resultados
educativos que la privada, como lo asevera el Ministro Garnier? La evidencia que aporta para llegar a esa
conclusión es exclusivamente una: los resultados obtenidos en bachillerato.
Para ser válido el
argumento que plantea, no solo tendríamos que estar de acuerdo en comparar las
calificaciones promedio de todos los alumnos de colegios privados con las de los
mejores alumnos de colegios públicos. También
tendríamos que coincidir en que utilizar las notas obtenidas por los alumnos en
bachillerato es un mecanismo válido para juzgar la calidad académica de los
centros educativos.
A juzgar por los
resultados en las pruebas PISA, parece que las calificaciones obtenidas en los
exámenes de bachillerato no certifican que los egresados de colegio posean los
conocimientos mínimos requeridos por estándar internacional.
Con respecto a los
promedios obtenidos por los alumnos en los colegios públicos y privados, el
argumento no admite que puedan haber diferencias en la calidad del aprendizaje
que evalúan esas calificaciones, diferencias que las pruebas de bachillerato no
están en capacidad de medir. El sector
privado administra con mayor eficiencia sus recursos que el sector público, por
lo que escoge y evalúa continuamente a sus profesores; se preocupa por ofrecer
un currículum que supera, con creces, las expectativas de conocimiento que
subyacen las pruebas de bachillerato; invierte en infraestructura, tecnología y
materiales didácticos; imparte más horas lectivas; y apoya a sus alumnos con
múltiples servicios complementarios.
En cambio, el MEP contrata
a cualquier profesor titulado y no evalúa su desempeño; imparte un currículum
con una estructura diseñada en los 70s; invierte solo el 3% de su presupuesto
en recursos didácticos e infraestructura y opera el 97% de sus colegios en
horario alterno (mejor dicho, reducido). No es un problema de recursos, aunque así lo
quieran hacer parecer: otros países de América Latina obtienen mejores
resultados con una fracción de lo que Costa Rica invierte por estudiante en
educación, como porcentaje del PIB.
Bastaría con redireccionar un porcentaje los recursos de educación
terciaria a la educación secundaria.
El argumento tampoco
reconoce la posibilidad de que existan diferencias en cuanto a la dificultad
con la que se obtienen las calificaciones, según sector. Es de conocimiento popular que los colegios
privados, en general, son mucho más rigurosos en la asignación de calificaciones
que los colegios públicos. No debería
sorprender, puesto que un colegio privado que no se esmere en velar por su
calidad tiene sus días contados. En
contraste, un colegio público de mala calidad continuará subsistiendo a través
de los años, mientras que el Ministerio de Educación le siga girando fondos,
sin pedir ningún resultado a cambio.
Publicado en 30 de diciembre de 2014: https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?id_menu=62&pk_articulo=533309620
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