Ante la propuesta de Johnny Araya de no requerir las
pruebas de bachillerato a los alumnos que no piensan continuar con su formación
universitaria, comprendo los argumentos de quienes se preocupan que el país pueda
retroceder en materia educativa, pues según ellos, las pruebas establecen una
lista de contenidos mínimos que todos deberíamos conocer. Sin las pruebas, los
estudiantes aprenderían menos porque no se esforzarían por dominar la materia. Además, el sistema educativo sería menos
consistente porque cada centro podría variar, en detrimento de su calidad, el currículum
oficial; y el país no contaría con información completa para comparar y mejorar
el rendimiento general de los alumnos y los centros educativos. Sin los resultados en las pruebas de
bachillerato, no se podría brindar un grado de confianza a la población en el
sistema educativo, un fin de gran valor político.
También comprendo la posición de los críticos, que
indican que las pruebas de bachillerato evalúan solo contenidos mínimos de un
currículum que no es el idóneo ni pertinente, a la luz de los requerimientos en
la era del conocimiento. Las pruebas
evalúan el aprendizaje memorístico de algunos conceptos y hechos aislados, no
el aprendizaje contextualizado y significativo de valiosas habilidades para el
trabajo y la vida. Lo que no se evalúa
no se aprende ni se enseña, por lo que el tiempo que se destina a preparar a
los muchachos para pasar las pruebas de bachillerato podría destinarse a la
enseñanza del razonamiento matemático y científico, de la comunicación oral,
escrita y visual; del uso de herramientas tecnológicas y los idiomas; de la
ética y otras valiosas competencias generales y específicas de las disciplinas
del conocimiento.
Por otra parte, se utilizan las mismas pruebas para
evaluar el aprendizaje en comunidades urbanas y rurales, afluentes y
marginales, sin que su diseño refleje las disparidades en la disponibilidad de
recursos, lo que claramente va en detrimento de los intereses de las
comunidades desfavorecidas. Por último, la
implementación de las pruebas implica una enorme inversión financiera que
podría destinarse a otros fines, como a la infraestructura, tecnología y otros recursos
de aprendizaje.
Una alternativa sería graduar a los alumnos del
colegio con la nota de presentación, pero además solicitarles que realicen una
sola prueba de carácter internacional que evalúe sus capacidades de
razonamiento. Las calificaciones
obtenidas, aunado a los datos socioeconómicos de los alumnos, podrían servir como
un criterio de admisión y de otorgamiento de becas en todo el sistema universitario,
público y privado, lo que generaría beneficios, no solo para los estudiantes y
sus familias, sino para las universidades, que se ahorrarían los enormes costos
de aplicar sus propias pruebas. Los
alumnos se esmerarían en salir bien evaluados en esta prueba, por lo que
tendrían que aprender a razonar. Finalmente,
el país podría, con mucho menor costo, recopilar y comparar datos sobre la
condición académica, socioeconómica y laboral de los alumnos, con el fin de
evaluar los resultados de las instituciones educativas, en el corto, mediano y largo
plazos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario