Tengo que discrepar del informe del Estado de la Educación de que Conape ofrece un importante subsidio público a la demanda por educación superior privada, primeramente porque no es un subsidio, y segundo, porque no es un mecanismo de financiamiento que atienda las necesidades de un número significativo de alumnos.
Un subsidio es, por definición, la diferencia que existe entre el precio real de un servicio y el precio que paga el usuario por acceder a él. Claramente, los estudiantes del sector privado que utilizan Conape no reciben subsidios, porque al finalizar sus estudios, deben pagar la totalidad del costo de su educación, a una tasa de interés del 8%.
Los subsidios en educación superior los reciben, exclusivamente, los alumnos de las instituciones públicas. Los becados reciben un subsidio superior a los no becados, pero todos los alumnos, aun los de mayor ingreso, solo asumen una pequeña fracción del costo total de su educación. El porcentaje exacto con el que contribuyen los estudiantes que sí pagan, de los costos totales de su educación, todavía está por verse; la información sigue sin estar públicamente disponible.
Los alumnos de las universidades privadas, provenientes en su mayoría de colegios públicos, deben recurrir a becas institucionales, fondos privados o préstamos bancarios para poder asistir a la universidad. Solo 5.345 alumnos se financiaban con Conape en 2012. Aproximadamente un 70% eran alumnos de universidades privadas, lo que quiere decir que un 2% de la población universitaria privada estudiaba con Conape. No creo que el impacto de Conape en la demanda por educación superior privada se pueda tildar de “importante”.
La mayor parte de la población en la educación privada ocupa financiamiento para ingresar a la educación superior; simplemente no tienen fiadores ni garantías prendarias que respalden el préstamo que requieren solicitar. En su lugar, se han institucionalizado programas de becas y mecanismos de financiamiento administrados por las mismas universidades, que han generado mayores posibilidades de acceso al nivel superior.
Unos 49 mil alumnos de la educación superior estatal provienen de los quintiles de mayor ingreso, según el Estado de la Educación, y todos reciben fuertes subsidios. En cambio, unos 33 mil alumnos de la educación superior privada provienen de los tres quintiles de menor ingreso, y el Estado está considerando, contra todo elemento de justicia, más bien incrementar el costo de su educación con un impuesto de ventas. Hasta que esta injusta asignación de los recursos públicos no se corrija, el Gobierno no tendrá la autoridad moral para tasar la educación superior privada.
Los subsidios en educación superior los reciben, exclusivamente, los alumnos de las instituciones públicas. Los becados reciben un subsidio superior a los no becados, pero todos los alumnos, aun los de mayor ingreso, solo asumen una pequeña fracción del costo total de su educación. El porcentaje exacto con el que contribuyen los estudiantes que sí pagan, de los costos totales de su educación, todavía está por verse; la información sigue sin estar públicamente disponible.
Los alumnos de las universidades privadas, provenientes en su mayoría de colegios públicos, deben recurrir a becas institucionales, fondos privados o préstamos bancarios para poder asistir a la universidad. Solo 5.345 alumnos se financiaban con Conape en 2012. Aproximadamente un 70% eran alumnos de universidades privadas, lo que quiere decir que un 2% de la población universitaria privada estudiaba con Conape. No creo que el impacto de Conape en la demanda por educación superior privada se pueda tildar de “importante”.
La mayor parte de la población en la educación privada ocupa financiamiento para ingresar a la educación superior; simplemente no tienen fiadores ni garantías prendarias que respalden el préstamo que requieren solicitar. En su lugar, se han institucionalizado programas de becas y mecanismos de financiamiento administrados por las mismas universidades, que han generado mayores posibilidades de acceso al nivel superior.
Unos 49 mil alumnos de la educación superior estatal provienen de los quintiles de mayor ingreso, según el Estado de la Educación, y todos reciben fuertes subsidios. En cambio, unos 33 mil alumnos de la educación superior privada provienen de los tres quintiles de menor ingreso, y el Estado está considerando, contra todo elemento de justicia, más bien incrementar el costo de su educación con un impuesto de ventas. Hasta que esta injusta asignación de los recursos públicos no se corrija, el Gobierno no tendrá la autoridad moral para tasar la educación superior privada.
Publicado en La República el 28 de octubre de 2013
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