El
Estado de la Educación recopila y sistematiza información fundamental sobre el
sistema educativo costarricense, pero reconoce que siguen existiendo problemas
con la disponibilidad y calidad de los datos. Preocupa, por ejemplo, que se siga reportando
solo el número de títulos otorgados por las universidades, no así las tasas de
titulación universitaria, un indicador fundamental del logro educativo.
El
Informe reporta este índice de desempeño en todos los demás niveles educativos,
pero no para la educación superior, lo cual resulta desconcertante, porque el
informe fue preparado por las universidades estatales. Presumo que al menos deberían contar con los
datos de sus propias instituciones.
A
diferencia del número de títulos otorgados por año, las tasas de graduación
reflejan el porcentaje de los alumnos que ingresaron en un año específico y que
se graduaron en el plazo estipulado, según el nivel académico y la
disciplina. No le cuesta igual a los
contribuyentes que se gradúen 40.000 bachilleres en 4 años a que se gradúen en
8 años. Tampoco es igual para la
competitividad nacional que la fuerza laboral tarde más del doble del tiempo
estipulado en prepararse para ingresar al sector socioproductivo.
Las
universidades estatales, o no tienen la información o prefieren no
reportarla. En ambos escenarios, la
situación refleja una total despreocupación institucional, gubernamental y
social por que se rindan cuentas sobre los resultados de titulación obtenidos
con el aporte del presupuesto público corriente de 276 mil millones de colones
anuales (en 2012) y el aporte extraordinario de 5.5 mil millones de colones
recibidos como parte de las últimas negociaciones del FEES.
Preocupa,
porque múltiples estudios han remarcado las bajas probabilidades de graduación
en las universidades estatales. En la
UCR, un estudiante que ingresa a una carrera de cinco años, tiene más del 90%
de probabilidades de no graduarse en ese plazo, según los resultados de un
estudio publicado el 12 de agosto de este año en el Semanario Universidad. Para comparar y contrastar los resultados con
los datos de las universidades privadas, bastaría con que el CONESUP los solicitara
y verificara, haciendo uso oportuno de las potestades de fiscalización que le
otorga la ley. Hasta la fecha no los ha
solicitado.
Sigo
preguntando: ¿Cuánto nos cuesta a los costarricenses la formación de estos
profesionales y cuánto tiempo demoran en graduarse? El Estado de la Educación tiene la obligación
de reportar estas cifras. Además, debería reportar el gasto público y
privado por alumno que el país realiza en los distintos niveles educativos. Sospecho
que podríamos generar sustanciales mejoras en el sistema con solo solicitar y
reportar estos datos.
Publicado en el Periódico La República, 14 de octubre de 2013.
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