Una prueba escrita no es el mejor ni el único mecanismo para determinar si una persona ejercerá, con competencia y responsabilidad, su profesión. Algunos replicarán, “pero es un comienzo”.
En Estados Unidos se utiliza el bar exam para autorizar a los graduados universitarios en derecho a ejercer la abogacía. Lo diseña el NCBE (National Conference of Bar Examiners), un organismo sin fines de lucro, cuyo único fin es el de desarrollar estas pruebas estandarizadas con alta calidad, uniformidad y razonabilidad.
A través de sus 80 años de existencia, han madurado una metodología que involucra la participación de expertos reconocidos en todas las especialidades a nivel nacional, así como de especialistas en medición educativa.
Antes de que una pregunta sea incluida en el examen, se somete a un proceso de revisión en múltiples etapas a lo largo de varios años. Luego del escrutinio intensivo de los expertos participantes, se aplica la prueba y se evalúan los resultados, garantizando que los exámenes hayan sido calificados justamente.
La aplicación de pruebas de incorporación bien elaboradas es financieramente oneroso y técnicamente demandante. ¿Qué podría pasar en Costa Rica si no se asumiera con profesionalismo este proceso? Los graduados universitarios podrían someterse a exámenes diseñados por tribunales de examinadores sin el conocimiento ni la experiencia requerida en la construcción y validación de este tipo de pruebas.
Además, en un país tan pequeño como el nuestro, podrían generarse conflictos de intereses, como sucedería si los examinadores fueran además docentes de las mismas universidades cuyos procesos de formación han sido poco rigurosos.
Las pruebas podrían diseñarse con intereses políticos en mente y administrarse con secretismo y falta de transparencia, como se acostumbran administrar tantos otros procesos estatales.
El instaurar pruebas de incorporación podría motivar a las instituciones menos ambiciosas a preparar a sus alumnos exclusivamente para el examen, en detrimento de la enseñanza de todas las competencias genéricas y específicas de las disciplinas.
A lo sumo, un examen de incorporación bien elaborado puede ser efectivo para evaluar los conocimientos que un grupo de examinadores consideró importantes, lo que no significa que estén valorando las competencias mínimas requeridas de un graduado universitario que busca ejercer una profesión.
Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, a pesar de la existencia de exámenes de incorporación, siempre se ha visto la necesidad de certificar la calidad de la educación que ofrecen las universidades en procesos de acreditación. Los procesos de acreditación no son perfectos, pero son los llamados a mejorar la calidad de la formación universitaria, porque utilizan múltiples fuentes de información sobre la efectividad del proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos.
A través de sus 80 años de existencia, han madurado una metodología que involucra la participación de expertos reconocidos en todas las especialidades a nivel nacional, así como de especialistas en medición educativa.
Antes de que una pregunta sea incluida en el examen, se somete a un proceso de revisión en múltiples etapas a lo largo de varios años. Luego del escrutinio intensivo de los expertos participantes, se aplica la prueba y se evalúan los resultados, garantizando que los exámenes hayan sido calificados justamente.
La aplicación de pruebas de incorporación bien elaboradas es financieramente oneroso y técnicamente demandante. ¿Qué podría pasar en Costa Rica si no se asumiera con profesionalismo este proceso? Los graduados universitarios podrían someterse a exámenes diseñados por tribunales de examinadores sin el conocimiento ni la experiencia requerida en la construcción y validación de este tipo de pruebas.
Además, en un país tan pequeño como el nuestro, podrían generarse conflictos de intereses, como sucedería si los examinadores fueran además docentes de las mismas universidades cuyos procesos de formación han sido poco rigurosos.
Las pruebas podrían diseñarse con intereses políticos en mente y administrarse con secretismo y falta de transparencia, como se acostumbran administrar tantos otros procesos estatales.
El instaurar pruebas de incorporación podría motivar a las instituciones menos ambiciosas a preparar a sus alumnos exclusivamente para el examen, en detrimento de la enseñanza de todas las competencias genéricas y específicas de las disciplinas.
A lo sumo, un examen de incorporación bien elaborado puede ser efectivo para evaluar los conocimientos que un grupo de examinadores consideró importantes, lo que no significa que estén valorando las competencias mínimas requeridas de un graduado universitario que busca ejercer una profesión.
Volviendo al ejemplo de Estados Unidos, a pesar de la existencia de exámenes de incorporación, siempre se ha visto la necesidad de certificar la calidad de la educación que ofrecen las universidades en procesos de acreditación. Los procesos de acreditación no son perfectos, pero son los llamados a mejorar la calidad de la formación universitaria, porque utilizan múltiples fuentes de información sobre la efectividad del proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos.
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