La discusión alrededor de los costos y
la productividad en la educación superior gira, más que en la importancia de
invertir en ella, en la conveniencia de que esa inversión sea estratégica. Los
investigadores del Centro Nacional para Sistemas Gerenciales de la Educación
Superior en Estados Unidos (NCHEMS) indican que el financiamiento es la
herramienta más poderosa que tiene el Estado para asegurarse que las
universidades cumplan con una serie de indicadores de desempeño y que adopten
mecanismos eficaces de rendición de cuentas, con miras a lograr los beneficios
públicos que se esperan.
Para mejorar los mecanismos de
financiamiento de la educación superior se debe disponer de los datos que se
requieren para la toma de decisiones. El control de los costos y el
mejoramiento de la productividad no son labores difíciles para los entendidos
en la materia, aun en instituciones públicas muchísimo más complejas y grandes
que las costarricenses.
A manera de ejemplo, existe una base de
datos de libre acceso por Internet, IPEDS (Integrated Postsecondary Education
Data System), que reporta, con lujo de detalles, los indicadores financieros
más importantes de las universidades que reciben financiamiento estatal en
Estados Unidos. Los datos son utilizados por organizaciones no gubernamentales,
como el Delta Project y el Measuring Up, así como por las asambleas
legislativas estatales, para estimar el costo total de la educación por grado y
nivel académico; el porcentaje del costo total de la educación que paga el
estudiante por concepto de matrícula; el subsidio que recibe cada estudiante
por parte del Estado; el porcentaje de los gastos que se cubren con el pago de
la matrícula; el número de títulos, certificados y otros diplomas otorgados en
relación con el número de alumnos de tiempo completo matriculados por año
académico; la tasa de graduación por cohorte; y muchos otros indicadores de
desempeño más.
Sin contar con estos indicadores, Costa
Rica continuará canalizando todos los recursos para la educación superior hacia
las instituciones que menos alumnos reciben, hacia las universidades que
subsidian la educación de miles de alumnos que no lo requieren. Continuará
dejando en manos de las instituciones que operan con mayores costos por
estudiante la administración de los dineros del Estado. Sin datos sobre costos
y productividad, seguirá destinando dineros públicos a los proyectos
prioritarios para las universidades, pero no necesariamente prioritarios para
el país.
Al no tener que rendir cuentas sobre su
eficiencia y productividad, las universidades estatales continuarán
seleccionando a los alumnos académicamente mejor preparados, sin preocuparse
por el futuro de los estudiantes de escasos recursos cuya suerte los destinó a
egresarse del poco riguroso sistema educativo de primaria y secundaria público.
Por todas estas razones, este mecanismo de financiamiento debe cambiar.
Publicado en La República el 17 de febrero de 2014.
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