La participación de las
instituciones de educación superior privada en la creación de un hub educativo es esencial: este sector
ha contribuido a mejorar la cobertura de la educación superior en todo el
territorio, ofreciendo una oferta extensa y variada a un 52% de la población
estudiantil en edades de 18 a 24 años.
Además, es el sector con mayor crecimiento: de 1995 a 2011, el número de
diplomas se multiplicó tres veces en la educación superior total, pero 5,6
veces en el sector privado.
Siguen existiendo retos en la
educación superior privada, que son similares a los de la educación estatal. Aún
no existe un plan de educación superior en línea con las aspiraciones de
desarrollo nacional que defina metas, presupuestos, ni políticas públicas de
coordinación y articulación entre sectores público y privado. Por otra parte, persisten
problemas de acceso a la educación superior por parte de poblaciones de menores
ingresos.
En ninguno de los dos sectores
existen indicadores de gestión públicamente disponibles para que un ciudadano
pueda evaluar la calidad del servicio educativo: en el sector privado, el
CONESUP no se ha preocupado por recoger un solo índice más allá del número de
títulos universitarios otorgados y las carreras en las que se otorgaron. En el sector público, y a pesar de contar con
miles de millones en presupuestos para la investigación, las universidades no
divulgan cuánto nos cuesta a los contribuyentes educar a cada alumno, ni
tampoco indican cuánto tiempo demoran en graduarse.
En ambos sectores es difícil
distinguir entre la calidad de las instituciones educativas y su oferta
académica, en ausencia de indicadores de gestión. El único ente que recopila alguna información
es el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), pero
solo el 5,6% de las carreras del país están acreditadas y la información no
está públicamente disponible como para comparar entre instituciones. Por último, la oferta académica no refleja
innovación, como bien apunta el Estado de la Educación en su último
informe.
Por estas razones, el Gobierno
tendría que abocarse a diseñar un Plan Nacional de Educación Superior, impulsar
un sistema tecnológico que recoja los indicadores de gestión principales bajo
los cuales se vaya a evaluar el avance de ese Plan, asegurarse que los
indicadores reportados sean fidedignos y clasificar a las instituciones, según
los resultados. Por último, debería apoyar
económicamente a los estudiantes de bajos ingresos, en las instituciones de
mayor reputación según el ranking,
sean públicas o privadas.
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