Subsidios e impuestos

Tengo que discrepar del  informe del  Estado de la Educación de que Conape ofrece un importante subsidio público a la demanda por educación superior privada, primeramente porque no es un subsidio, y segundo, porque no es un mecanismo de financiamiento que atienda las necesidades de un número significativo de alumnos. 

Un subsidio es, por definición, la diferencia que existe entre el precio real de un servicio y el precio que paga el usuario por acceder a él.  Claramente, los estudiantes del sector privado que utilizan Conape no reciben subsidios, porque al finalizar sus estudios, deben pagar la totalidad del costo de su educación, a una tasa de interés del 8%.
Los subsidios en educación superior los reciben, exclusivamente,  los alumnos de las instituciones públicas.  Los becados reciben un subsidio superior a los no becados, pero todos los alumnos, aun los de mayor ingreso, solo asumen una pequeña fracción del costo total de su educación. El  porcentaje exacto con el que contribuyen los estudiantes que sí pagan, de los costos totales de su educación, todavía está por verse; la información sigue sin estar públicamente disponible.
Los alumnos de las universidades privadas, provenientes en su mayoría de colegios públicos, deben recurrir a becas institucionales, fondos privados o préstamos bancarios para poder asistir a la universidad.  Solo 5.345 alumnos se financiaban con Conape en 2012.  Aproximadamente un 70% eran alumnos de universidades privadas, lo que quiere decir que un 2% de la población universitaria privada estudiaba con Conape. No creo que el impacto de Conape en la demanda por educación superior privada se pueda tildar de “importante”.
La mayor parte de la población en la educación privada ocupa financiamiento para ingresar a la educación superior; simplemente no tienen fiadores ni garantías prendarias que respalden el préstamo que requieren solicitar.   En su lugar, se han institucionalizado programas de becas y mecanismos de financiamiento administrados por las mismas universidades, que han generado mayores posibilidades de acceso al nivel superior.
Unos 49 mil alumnos de la educación superior estatal provienen de los quintiles de mayor ingreso, según el Estado de la Educación, y todos reciben fuertes subsidios. En cambio, unos 33 mil alumnos de la educación superior privada provienen de los tres quintiles de menor ingreso, y el Estado está considerando, contra todo elemento de justicia,  más bien incrementar el costo de su educación con un impuesto de ventas.  Hasta que esta injusta asignación de los recursos públicos no se corrija, el Gobierno no tendrá la autoridad moral para tasar la educación superior privada. 

Publicado en La República el 28 de octubre de 2013

Lo que no dice el Estado de la Educación

El Estado de la Educación recopila y sistematiza información fundamental sobre el sistema educativo costarricense, pero reconoce que siguen existiendo problemas con la disponibilidad y calidad de los datos.  Preocupa, por ejemplo, que se siga reportando solo el número de títulos otorgados por las universidades, no así las tasas de titulación universitaria, un indicador fundamental del logro educativo. 

El Informe reporta este índice de desempeño en todos los demás niveles educativos, pero no para la educación superior, lo cual resulta desconcertante, porque el informe fue preparado por las universidades estatales.  Presumo que al menos deberían contar con los datos de sus propias instituciones. 

A diferencia del número de títulos otorgados por año, las tasas de graduación reflejan el porcentaje de los alumnos que ingresaron en un año específico y que se graduaron en el plazo estipulado, según el nivel académico y la disciplina.  No le cuesta igual a los contribuyentes que se gradúen 40.000 bachilleres en 4 años a que se gradúen en 8 años.  Tampoco es igual para la competitividad nacional que la fuerza laboral tarde más del doble del tiempo estipulado en prepararse para ingresar al sector socioproductivo.

Las universidades estatales, o no tienen la información o prefieren no reportarla.  En ambos escenarios, la situación refleja una total despreocupación institucional, gubernamental y social por que se rindan cuentas sobre los resultados de titulación obtenidos con el aporte del presupuesto público corriente de 276 mil millones de colones anuales (en 2012) y el aporte extraordinario de 5.5 mil millones de colones recibidos como parte de las últimas negociaciones del FEES.

Preocupa, porque múltiples estudios han remarcado las bajas probabilidades de graduación en las universidades estatales.  En la UCR, un estudiante que ingresa a una carrera de cinco años, tiene más del 90% de probabilidades de no graduarse en ese plazo, según los resultados de un estudio publicado el 12 de agosto de este año en el Semanario Universidad.  Para comparar y contrastar los resultados con los datos de las universidades privadas, bastaría con que el CONESUP los solicitara y verificara, haciendo uso oportuno de las potestades de fiscalización que le otorga la ley.  Hasta la fecha no los ha solicitado.

Sigo preguntando: ¿Cuánto nos cuesta a los costarricenses la formación de estos profesionales y cuánto tiempo demoran en graduarse?  El Estado de la Educación tiene la obligación de reportar estas cifras.    Además, debería reportar el gasto público y privado por alumno que el país realiza en los distintos niveles educativos. Sospecho que podríamos generar sustanciales mejoras en el sistema con solo solicitar y reportar estos datos.

Publicado en el Periódico La República, 14 de octubre de 2013.