Debate: ¿Se debería cobrar impuestos a los estudiantes de la educación superior privada?

Con la educación no se juega, publicado en La República por Tomás Nassar, el 23/12/10.

Impuesto a la educación privada: Un tributo a la ineficiencia.  Publicado en el Infiero en Costa Rica por el Chamuko, en enero de 2011.

Impuesto de ventas y educación superior privada, publicado en La Nación, por Silvia Castro, el 02/01/11.

Para todos es conocido que la educación privada genera enormes beneficios sociales, razón por la cual en países más desarrollados los desembolsos que realizan las familias para pagar la educación privada son deducibles del impuesto sobre la renta.

Estimulan así a la educación privada porque saben que invertir en educación reduce la dependencia de los ciudadanos sobre los recursos financieros del Estado, genera mayores ingresos para el erario público y crea incrementos sustanciales en la productividad y la flexibilidad de la fuerza laboral.

También fomenta mayores niveles de consumo y más emprendimientos, lo que a su vez impulsa el bienestar económico y social. Como si fuera poco, más educación forma pueblos más solidarios, democráticos y pacíficos.

Lograr todos estos beneficios sin tener que pagar por ello es la razón principal por la cual la educación privada merece el estímulo real del Estado, tal y como lo establece nuestra Constitución Política.

Sin embargo, el Ministro de Hacienda pretende desestimular la educación privada, al obligar a las familias a pagar un ¡impuesto de ventas! Tras de que no se benefician de la educación pública, por la que ya pagan con sus impuestos, ahora tendrán que pagar un 15% más por la educación privada que reciben sus hijos.

Propuesta sin sentido. Este tributo simplemente no puede ser aprobado, porque desestimulará el acceso a la educación. Con más de 100.000 alumnos en la educación superior privada, esta situación es insostenible socialmente al no existir suficientes cupos para recibir a más alumnos en la universidad pública.

La propuesta de Hacienda no tiene sentido financiero si el propósito es paliar el déficit fiscal, puesto que lo que podría recaudarse con esta injusta carga obligaría a tener que invertirse en ampliar los cupos en la educación pública, alternativa obviamente mucho más costosa.

Quienes logren mantenerse en el sistema privado tendrán que matricular menos materias, por lo que los tiempos de graduación aumentarán, en detrimento de los requerimientos del país que urge de más y mejores graduados en el menor tiempo posible, y de las necesidades de las familias por generar mayores ingresos económicos a corto plazo.

Si las familias más adineradas pueden continuar beneficiándose de la educación privada, y hasta disfrutar de fuertes subsidios estatales en la educación superior pública, los únicos perjudicados con la decisión son las familias de menos recursos. ¿En dónde queda entonces la justicia social? ¿Quién responderá, entonces, por los bajos salarios de estos individuos en un futuro cercano? ¿Por sus niveles de desempleo, su poca capacidad de ahorro y el deterioro general en su calidad de vida?

Para todos es claro que la sociedad disfruta de los beneficios provenientes de la conducta de individuos que buscan invertir en la educación con el propósito de mejorar su condición económica y social. Por ello, deseo instar a todas las instituciones de educación privada en todos sus niveles y modalidades, a sus alumnos, a las cámaras empresariales y colegios profesionales, a CINDE y a todos los ciudadanos responsables, a pronunciarse en contra de este nuevo tributo, que va en contra de la clase media de nuestro país.

Impuestos a la educación: Impuestos a los derechos humanos, publicado por Albán Bonilla, en El Semanario, el 01/06/11.