Este año, las universidades estatales se repartieron
410 mil millones de colones, y para el próximo, esperan recibir 14 mil millones
adicionales, del nuevo paquete de impuestos que todavía no se ha aprobado. Para
poner las cifras en perspectiva, en 2014 el Ministerio de Educación Pública
presupuestó 67 millones de colones anuales para realizar sus labores de
fiscalización de las universidades privadas.
Usted leyó bien: 67 millones de colones es el dinero destinado a regular
53 universidades y 84 sedes regionales, sin tomar en cuenta las aulas
desconcentradas.
Del presupuesto total del CONESUP, se asigna el 36% a
dietas. En esencia, el MEP
históricamente ha destinado unos 28 mil colones mensuales para fiscalizar cada
sede universitaria, de los 2.2 billones de colones que recibe, cuando el sector
privado gradúa al 77% de la población universitaria en 1200 carreras.
Con semejantes ingresos que reciben las universidades estatales
y el MEP, cuesta creer que la Asamblea Legislativa tenga que girar mayores
recursos al CONESUP para aumentar su raquítico presupuesto.
Ahora, debemos preguntarnos, a razón de 28 mil colones
mensuales por sede, ¿cómo ha venido ejerciendo el CONESUP las labores más
estratégicas de fiscalización? La
respuesta es evidente: no las viene realizando.
A manera de ejemplo, en los últimos cinco años, el
CONESUP autorizó solo 2,6 carreras nuevas por año. Además aprobó, en promedio, 21 modificaciones
de planes de estudios por año. No le pueden seguir achacando a las
universidades privadas la desactualización de sus planes de estudio o la falta
de disponibilidad de una oferta académica suficiente y pertinente a los
requerimientos del sector productivo cuando el ente regulador sólo está en capacidad de aprobar dos carreras
nuevas y actualizar menos del 2% de la oferta total de las carreras activas al
año.
Pero es que, además, el CONESUP tendría que utilizar
herramientas tecnológicas y sistemas para recabar, ordenar y divulgar
información al público sobre las características y desempeño de las
instituciones y sus profesores, y utilizar software estadístico para estudiar
la evolución de los indicadores de gestión principales y aplicar técnicas de
muestreo en sus labores de fiscalización.
El CONESUP debería conocer a fondo a las universidades
que regula, como por ejemplo, los índices de satisfacción de sus estudiantes, profesores,
administradores, egresados y empleadores, para establecer áreas de atención
prioritaria y requerir planes de mejoramiento correctivos. Debe cerciorarse que el profesorado que fue autorizado
por el CONESUP sea el que, de hecho, esté impartiendo lecciones en las
instituciones y asegurarse que la totalidad de la planilla docente esté
reportada ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Debe contar con la posibilidad de contratar
especialistas en las diferentes disciplinas para pronunciarse sobre los diseños
curriculares que presentan las universidades.
Se requieren recursos, pero también dedicación a labores estratégicas.
Publicado en el Periódico La República el 24 de agosto de 2015.
