Conversatorio realizado el 24 de abril de 2012
Vealo en Onda UNED
Señor Luis Guillermo Carpio, Rector de esta distinguida institución;
Señor José Andrés Masís, director de la Oficina de Planificación de la
Educación Superior- OPES- de CONARE;
Señora Lizette Brenes, Vicerrectora de Investigación en la UNED;
Señores y señoras:
Al igual que las universidades públicas, las privadas también tenemos
derecho a determinar cómo podemos incidir sobre el contexto social, científico,
cultural y económico de nuestro entorno, y ejecutar nuestros planes, programas
y presupuestos como mejor consideremos, pudiendo así satisfacer objetivos
públicamente deseables con creatividad y flexibilidad. En efecto, la Constitución Política garantiza
nuestro derecho a emprender cualquier acción, siempre y cuando no dañemos la
moral o el orden público, y que no perjudiquemos a terceros. Así sabiamente se dispuso porque solo con
libertad de escogencia y de acción, se puede emprender el trabajo que se espera
de nosotros.
Valoramos nuestra libertad y la añoramos cada vez que sufrimos las arbitrariedades
y los atropellos por parte de los administradores públicos de turno. Pero
bueno, este podría ser el tema de otro conversatorio.
Las universidades privadas somos libres, y las universidades públicas son
autónomas. Sus libertades las protege la
Constitución Política que, en su artículo 84, les otorga la independencia para
el desempeño de sus funciones, capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, y la capacidad para darse su propia organización y
gobierno.
Los poderes del Estado deben proteger la libertad en las universidades,
derecho irrevocable en ambos sectores, para que estas puedan cumplir con sus
misiones institucionales, y no obligarlas a reaccionar ante las prioridades
cortoplacistas de las agendas electorales ni a las injerencias injustificadas de
los administradores públicos.
A mayor libertad, mayor responsabilidad. A cambio de la confianza otorgada por la
sociedad, en todas las universidades tenemos la obligación de asegurar la
calidad de los procesos educativos, garantizar la costo-efectividad en la
gestión de los recursos, y ante todo, rendir cuentas públicamente sobre
nuestros resultados.
Qué significa rendir cuentas? No significa enviar los
presupuestos a la Contraloría. Significa, por ejemplo, que cualquier ciudadano o
investigador debería poder recurrir a una sola página Web para consultar la
última fecha de actualización de todos los planes de estudios impartidos en el
país, los contenidos de los programas, el número de matriculados, las tasas y
tiempos de graduación, la composición sociodemográfica y académica de la
población estudiantil, las tasas de deserción, los perfiles y tiempos de
dedicación del personal docente, el porcentaje de becas otorgadas, y el costo total
de educar a cada estudiante, entre otros indicadores de productividad
académica. Para visualizar la propuesta, pueden navegar hacia la página
de IPEDS en Estados Unidos. IPEDS, una gigantesca base de datos, recoge y
sistematiza cientos de variables de instituciones públicas y privadas de
educación post-secundaria y el acceso es público y gratuito.
A cambio de nuestras libertades, las universidades también tenemos la responsabilidad
de generar eficiencias en el sistema educativo, como por ejemplo, facilitando
los procesos de articulación entre niveles educativos e instituciones;
eliminando subsidios en programas educativos poco productivos; rediseñando el
currículum universitario; ampliando los cupos universitarios en carreras de
importancia estratégica para el país; incorporando tecnologías para reducir los
costos y mejorar los procesos de aprendizaje; revisando las políticas y
procedimientos académicos para facilitar los procesos de graduación; ofreciendo
mayores oportunidades para que los alumnos presenten suficiencias por el
aprendizaje obtenido a través de procesos educativos previos y la experiencia;
compartiendo el uso de recursos entre instituciones; y abriendo periodos
lectivos a lo largo del todo el año, y no solo en dos semestres. Este es
el precio que debemos pagar para disfrutar de la libertad de enseñanza.
Con respecto a la autonomía económica, las instituciones públicas
cuentan con un derecho otorgado por la Constitución Política: el mismo artículo
84 indica que “el Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su
financiación". Este enunciado resulta ambiguo en muchos sentidos,
por lo que se ha prestado para múltiples interpretaciones: ¿Está realmente el
Estado obligado a dotar a las instituciones públicas con rentas suficientes
para su funcionamiento o solamente contribuir con su financiación? ¿Qué pasa si
el Estado no está en condiciones de dotarlas con rentas suficientes? ¿Cuáles
rentas son verdaderamente suficientes? ¿A cuáles universidades se debe dotar de
recursos y en qué cantidad? A cuáles criterios debería obedecer la distribución
de los recursos entre universidades? ¿Cuál es la responsabilidad de cada
institución de auto-financiar sus propios servicios? ¿Cuáles son los mecanismos
más apropiados para fiscalizar las rentas privadas que ingresan a las
universidades públicas? ¿Qué resultados concretos podría razonablemente esperar
la sociedad a cambio de los recursos públicos invertidos?
En Costa Rica, solo diez de cada cien costarricenses tiene grado
universitario, y solo uno de cada cien se gradúa en disciplinas estratégicas
para la competitividad económica, en carreras ingenieriles, científicas,
tecnológicas y matemáticas. Los países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), en cambio, reflejan una tasa promedio del
27.42%, tres veces más alta que la de Costa Rica. Además, la tasa de
participación en educación superior de Costa Rica es la mitad de la tasa
promedio de los países más desarrollados, lo que limita nuestra capacidad para
competir globalmente en la economía del conocimiento. Difícilmente el
país sea capaz de financiar la educación terciaria de todos los costarricenses,
por lo que debe tomar decisiones sobre cómo invertir mejor sus recursos.
Tomemos en cuenta que, en los últimos cuarenta años, la población estudiantil
universitaria creció de 12 mil estudiantes a 160 mil.
En estos tiempos de déficit fiscal, deberíamos preguntarnos ¿Por qué
algunos costarricenses tienen el derecho de asistir a la universidad de forma
gratuita y otros no? Podríamos plantearnos la posibilidad de que el
Estado otorgase los recursos, no a las instituciones públicas directamente,
sino a través de los alumnos con mayores necesidades financieras, para que así
existiese una sana competencia académica entre instituciones con programas
acreditados por reclutar estudiantes becados.
Podríamos preguntarnos, además, si los egresados de las universidades
públicas deberían devolver los fondos públicos que fueron invertidos en ellos,
por haber recibido un beneficio individual y haber aumentado su capital
intelectual y capacidad adquisitiva a futuro.
Y ¿por qué no valoramos la posibilidad de ajustar los subsidios que se
vienen otorgando a los estudiantes, según la capacidad económica de sus
familias?
Algunos se preocupan por que el cobrar a los alumnos de familias de
altos ingresos económicos pudiera ser considerado discriminatorio y que
desestimularía el ingreso de los estudiantes con excelente rendimiento
académico a las instituciones públicas. En mi criterio es discriminatorio dar
un trato preferencial, en la forma de un subsidio, a un segmento de la
población estudiantil que viene pagando mucho más por su educación en la
secundaria privada, cuando se está dejando por fuera a miles de graduados del
sistema secundario público, graduados, que dicho sea de paso, formó el mismo
Estado. Por otra parte, la preocupación de desestimular el ingreso de los
alumnos con capacidad de pago y con excelente rendimiento académico también es
improcedente. Las mejores universidades siempre reclutan a los mejores estudiantes
aunque cobren por su servicio, máxime cuando estos cuentan con las condiciones
socioeconómicas para pagar. Lo que pagarían los alumnos más adinerados se
podría utilizar para ofrecer más cupos a los alumnos de escasos recursos.
Concuerdo con que el Estado debe proteger la estabilidad en los
ingresos que destina a la educación superior, pero no sin que el financiamiento
esté vinculado a indicadores de productividad. La autonomía económica no
es un valor que la sociedad costarricense pueda ni deba apoyar
incondicionalmente, quinquenio tras quinquenio, sin que el Estado haya llegado
a un consenso con las universidades con respecto a las responsabilidades y
derechos de cada quien y los tipos de rendición de cuentas que pueden satisfacer
las necesidades institucionales y garantizar el bien público.
Como verán, el Estado juega un papel preponderante en fortalecer la
educación superior porque es a quien corresponde iniciar un diálogo democrático
con respecto a las metas estratégicas que se deberían fijar sobre la inversión
que realiza en las universidades, construir una agenda de país con altos indicadores
de desempeño, evaluar continuamente los resultados y establecer los mecanismos
e incentivos adecuados para garantizar la calidad de los procesos educativos y
el acceso a la educación superior. Al final, deberían llegar a un
consenso con respecto a lo que definen como el “bien común”. Además, el
Estado debe, de una vez por todas, cumplir con su responsabilidad estipulada por
la Constitución Política en el artículo 80, que define cómo piensa
estimular la iniciativa privada en materia educacional. Esta se incentiva porque viene a contribuir
con los fines públicos, sin que le cueste un colón adicional al Estado.
Si asumiera su papel con liderazgo y asertividad, Costa Rica podría convertirse
en un centro internacional de educación superior, atrayendo a estudiantes de
todas partes del mundo, dispuestos a pagar lo que realmente valen nuestros servicios
educativos, contribuyendo así con el desarrollo económico, cultural y social
que tanto aspiramos tener.
Agradezco profundamente
a la UNED haber sido invitada a este foro en el marco de la celebración de la
autonomía universitaria y la atención que me han brindado. Qué tengan buenos
días.
