Calidad, investigación y tarifas en u's privadas

En los últimos días propuse varios criterios sobre importantes cambios necesarios en la actual  regulación de la educación superior privada, con el afán de mejorar la calidad del servicio educativo y la relación entre los estudiantes, las universidades y la sociedad.  Debido a que hubo algunas interpretaciones erróneas de mi propuesta, deseo aclarar tres aspectos.

Primero, como sucede en países desarrollados, la investigación que se otorgaría a las universidades privadas mediante concurso de méritos, abierto y transparente, la definiría el ente regulador, con base en los objetivos planteados por un Plan Nacional de Educación Superior Privada, el cual recogería las prioridades nacionales identificadas por el sector productivo, académico, estatal y civil.  Las universidades contarían con la colaboración técnica de al menos una universidad debidamente reconocida en su país de origen, con amplia reputación internacional en investigación, con el objetivo de fortalecer las competencias de las universidades costarricenses y fomentar los vínculos de cooperación internacional.

Segundo. Con respecto a las tarifas de la educación superior privada, la propuesta de ley solicita a las universidades firmar contratos que estipulen —con claridad— todos los aranceles, así como las políticas de aumento.  Los tarifarios de las universidades estarían públicamente disponibles en la página Web del ente regulador.  La alternativa es que el CONESUP siga controlando las tarifas sin criterio técnico alguno, como sucede hoy y reconoce así la Contraloría General de la República.  Pretender controlar los precios en cualquier industria —incluyendo la educativa— produce ineficiencias en términos económicos, pero además provoca problemas con la calidad, así como la retracción de la oferta y la inversión en el sector.  

Tercero. El costo de la educación de las universidades privadas es asequible si se compara con  las tarifas de la educación privada en primaria y secundaria; con las tarifas de la educación superior privada en otros países de renta similar; con los costos de la educación superior estatal;  o con los tiempos de recuperación de la inversión de los estudiantes, a la luz del incremento salarial que recibirían una vez graduados.  Bajo ningún estándar,  la educación es barata para los alumnos en situación de vulnerabilidad y exclusión. 

Por eso, nuestra propuesta de ley dispone de fondos de CONAPE para el otorgamiento de préstamos blandos a una tasa de interés real igual a cero y garantizados por el Estado,  para alumnos en los primeros tres quintiles de ingreso per cápita que quieran estudiar carreras acreditadas.  Los alumnos empezarían a pagar cuando su salario alcance un umbral mínimo de devolución obligatoria.  Además, podrían concursar por al menos 2.000 becas completas para estudiar en carreras acreditadas en universidades privadas, con base en criterios de rendimiento académico y otras cualidades de liderazgo y servicio comunitario.

Publicado el 15 de junio de 2015 en el Periódico La República.

A propósito de discursos de control político

Che Guevara con su Rolex.

Todos hemos conocido a algún progre, que identificamos por su vestimenta desaliñada y oscura, pelo largo, saco deportivo de segunda, anteojos de pasta negra, chancletas y gustos por los bares clandestinos, las canciones punk y las películas del cine independiente. Pertenecen a familias de clase media o media alta, sueñan con un mundo mejor, tienen intereses intelectuales esotéricos y admiran a figuras como el Che Guevara y Fidel Castro. Los conozco muy bien, porque en los ochentas, yo también me definía progre, con todo y el Manifiesto Comunista debajo del brazo.

Poco he cambiado; sigo siendo activista militante de causas que otros han dado por perdidas. Sigo batallando con la injusticia, la desigualdad de oportunidades y la mediocridad, y la pasión me brota, en cada fibra de mi ser, con sentimientos de indignación por quienes manipulan vilmente a las clases sociales más humildes con sus discursos de “control político”, buscando la aceptación de los votantes al presentarse como los redentores de la clase trabajadora, sin importar las consecuencias para el país.  En Costa Rica vamos de mal en peor a causa del populismo, y sin embargo, sigo llena de esperanza de que el pueblo despertará y pronto se movilizará. 

Lo veo en las redes sociales. Somos muchos que aprendimos a desconfiar de quiénes se ufanan de velar por el bienestar común y el progreso del país, cuando lo que realmente pretenden es acaparar el poder político y económico para sus fines individuales.  Empezamos a tomar consciencia del objetivo real de estas personas, las que buscan ser contratadas y remuneradas a perpetuidad en puestos de poder, de forma desmedida y poco solidaria, a costas del ciudadano común, cuyos intereses dicen defender.

Mucho he cambiado.  Con muchos más años y menos ingenuidad, me di cuenta de que la culpa no es del sistema capitalista.  Aún con todas sus fallas, el comunismo ya no es referente ni objetivo que alcanzar por una razón muy simple: el país no puede compartir riqueza cuando no establece un contexto propicio para producirla.  Peor aún, no confío en la honorabilidad y capacidades técnicas de quienes estarían a cargo de repartirla, al menos no con las prácticas de empleo público vigentes y la grave ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.  Las malas prácticas de clientelismo político, nepotismo, amiguismo, corrupción, inoperancia y abuso de poder han corroído el tejido social, con terribles consecuencias sobre el respaldo y legitimidad de nuestra institucionalidad.

Quisiera que nuestra juventud encontrase la pasión por vivir, por luchar por un mundo mejor, y tengo la firma convicción de que podrían canalizar su desencanto con el estado actual de la sociedad y con sus propias condiciones de vida, empoderándolos para que tomen acciones de incidencia política y activismo pacífico, alejándolos a su vez del mundo del consumismo desmedido, la violencia y el vicio.  Sin ira no hay pasión.

Publicado en el Periódico La República el 1 de junio de 2015.

La Reforma de CONESUP y las TIC

El aprendizaje apoyado en medios electrónicos es primordial para construir sociedades integradoras del conocimiento.  Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) facilitan ciertos procesos educativos (de apoyo a las teorías de cognición distribuida, el aprendizaje situado, la psicología de la inmersión, el modelamiento y la visualización, por citar algunos) que permiten formas sofisticadas y poderosas de aprender. La creación de realidades de aprendizaje como interfaces inmersivas, las plataformas digitales de enseñanza, los medios sociales y el aprendizaje electrónico móvil son solo algunas de las tecnologías que ya están transformando a las universidades.

Estas tecnologías, tales como las simulaciones, los videojuegos y otros ambientes tridimensionales multiusuario de acceso al conocimiento, ahora se están produciendo en nuestro país. Muchos se ofrecen gratuitamente o a costos razonables, lo que acelerará su disponibilidad en el medio nacional a corto plazo.  Estas tecnologías emergentes vienen a complementar otras tecnologías más tradicionales que facilitan la difusión del conocimiento, la interacción y la colaboración académica así como también  la evaluación de los aprendizajes. 

Los ambientes virtuales y los cursos en línea masivos y abiertos, las videoconferencias, los sistemas sofisticados de gestión del aprendizaje, los recursos multimedia, la instrucción asistida por computadora (como tutores, libros interactivos y ejercicios complementarios), los entornos personales de aprendizaje, los cursos híbridos o bimodales y las oportunidades de colaborar con investigadores alrededor del mundo son algunos de los beneficios que ofrecen las tecnologías y que están modificando las metodologías de enseñanza, internacionalizando la educación superior y facilitando el acceso a poblaciones que típicamente hubieran estado excluidas del sistema universitario.

La Ley de CONESUP es obsoleta por cuanto no norma aspectos relacionados con la integración de las tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje; y, en la práctica, permite que sus funcionarios entorpezcan los esfuerzos por impulsar la innovación tecnológica en carreras presenciales y la virtualización de programas. 

Su escasa visión tecnológica se ve reflejada en la manera que actualmente ejerce la inspección. Para citar solo un ejemplo, con 8 inspectores, 2 vehículos y un chofer, pretende desplazarse a 173 sedes y aulas desconcentradas para revisar la totalidad de los expedientes físicos de los graduandos (33.240 en 2014); y fiscalizar, in situ, la adquisición de la totalidad de los libros en las bibliotecas y los equipos en los laboratorios, en lugar de apoyarse en las herramientas tecnológicas y estadísticas existentes para observar la evolución de los indicadores de gestión principales, detectar cambios o posibles anomalías y aplicar técnicas de muestreo en caso de duda.

Publicado en La República el 18 de abril de 2015.

Rendición de cuentas y el CONESUP

La inversión que efectúan los estudiantes y sus familias en la educación superior privada, ¿resulta proporcional con el desarrollo de conocimientos y competencias que obtienen? ¿Están alineados estos procesos formativos con los requerimientos del sector productivo y la sociedad en general? ¿Cuáles universidades hacen un buen trabajo y cuáles no? ¿Cómo saberlo?
Estas son las preguntas principales que motivan a los actores involucrados en la educación superior a buscar mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las universidades.

Fuera del número de títulos otorgados por cada universidad, por año, carrera y sexo, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) no ha recabado, sistematizado ni divulgado información al público sobre las características y desempeño de las instituciones. Tampoco conoce información básica sobre las poblaciones estudiantiles de los centros que fiscaliza: datos sociodemográficos, matrícula, deserción, rendimiento o graduación.

El Conesup no se ha interesado en medir los resultados de aprendizaje de los alumnos: lo que ellos saben, son capaces de hacer y pueden demostrar como resultado de haber completado o participado en un programa académico.

A las universidades no se les ha requerido plantear en sus diseños curriculares la evaluación por resultados de aprendizaje que sean observables, medibles y demostrables. No se les ha solicitado indicar los mecanismos con los que evalúan el perfil de salida de sus graduandos, ni cómo utilizan los resultados para plantear modificaciones a las carreras.

El Conesup tampoco realiza análisis sobre las tarifas de la educación superior por carreras y grados, comparaciones con las tarifas de la educación privada en primaria y secundaria, investigaciones de las tarifas de la educación superior privada en otros países de renta similar, ni comparaciones con los costos por carreras y grados de la educación superior estatal; por lo que no tiene criterio alguno para determinar la razonabilidad de las tarifas que autoriza o desautoriza, más allá de los aumentos por inflación según el índice de precios al consumidor (IPC).

El control de las tarifas lo realiza sin criterio técnico, como lo apunta la misma Contraloría, lo que restringe los niveles de inversión en la educación superior privada y, consecuentemente, genera problemas en la calidad del servicio educativo que se ofrece.

El Conesup no conoce ni efectúa estudios sobre los procesos de admisión de estudiantes, de los perfiles y el desempeño del personal docente, así como tampoco sobre infraestructura física, vida estudiantil, recursos didácticos, las acciones de internacionalización, las iniciativas de innovación, las relaciones de las universidades con el mundo del trabajo, los proyectos de investigación, acción social y extensión ni sobre muchos otros aspectos de interés nacional e internacional.

Tampoco encuesta a los empleadores, los estudiantes, los profesores ni el personal administrativo, quienes son los que más insumos podrían ofrecer con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en las universidades.

Si tan solo el CONESUP se dedicara a medir y a reportar estos indicadores y publicarlos para que los estudiantes, padres de familia, empresarios y legisladores pudieran tomar mejores decisiones, la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas del sistema de educación superior privada mejorarían, sin la necesidad de imponer trabas burocráticas que rayan en la violación de los derechos de enseñanza y de empresa.

Publicado en La Nación el 12 de mayo de 2016

CONESUP y diversidad

Las personas somos diferentes en razón de nuestra herencia, intereses, motivaciones, estilos de aprendizaje, grupo social de procedencia, sexo, experiencias de vida, capacidades sensoriales, motrices o psíquicas; lengua, e ideología, entre otras características.  La diferencia en sí enriquece la vida humana y genera complementariedad, por lo que pretender ofrecer carreras universitarias iguales para seres humanos diferentes genera desigualdad —falta de equidad e injusticia social— y produce un sistema educativo verdaderamente empobrecedor.
Las universidades deben fomentar el respeto por la diferencia y el saber convivir con los demás, generando espacios de inclusión, ofreciendo servicios estudiantiles en apoyo a las distintas poblaciones y aprovechando la diversidad existente como elemento formativo de los individuos, de manera que se parta de esa diversidad para construir, en cada uno y en su conjunto, hasta el máximo de sus posibilidades.

Las visiones de “talla única” en el diseño curricular no permiten la atención a la diversidad. El Convenio de Nomenclatura de Grados y Títulos de la Educación Superior Estatal —actualizada por última vez en 2004 y homologada por el CONESUP para las universidades privadas en 2005— no tipifica las carreras de educación técnica superior, no hace referencia a las carreras en ambientes virtuales, no establece los caminos de progresión y salidas laterales entre niveles educativos de tal manera que se constituya la plena articulación entre grados académicos, y es ambigua en la definición de horas lectivas totales por grado académico, lo que ha permitido la competencia entre universidades privadas basándose en la corta duración de sus planes de estudios. Las universidades privadas requieren una nomenclatura de grados y títulos moderna, integral, clara y concisa, análoga con otros marcos de referencias de grados y títulos a nivel mundial, que promueva la diversidad curricular, sin sacrificar los altos estándares de salida esperados y que esté acorde con los tiempos.
La normativa actual del CONESUP no fomenta la atención a la diversidad, por lo que se dificulta la incorporación de elementos de flexibilidad en el currículum y, en cambio, permite a los funcionarios prescribir, con un altísimo nivel de subjetividad y sin necesidad de justificación técnica, los cursos que las carreras universitarias obligatoriamente tienen y no tienen que incluir.
Adicionalmente, una ley también debe asegurar que los planes de estudios en la educación superior estén actualizados. La reforma de ley del Poder Ejecutivo plantea la obligatoriedad de que las universidades actualicen sus planes de estudio con antigüedad mayor a cinco años, una meta muy deseable, pero logísticamente inviable. A razón de 1.741 carreras autorizadas, y un 85% con antigüedad mayor a cinco años, el CONESUP tendría que dar trámite a la modificación de 1.480 carreras tan pronto entre en vigencia la ley, a razón de 493 en los próximos tres años.

Publicado el 4 de mayo de 2015 en el Periódico La República.

Acceso a la educación y CONESUP

Un sistema universitario de calidad vela por la equidad en el acceso a la educación superior y contribuye con las metas nacionales de reducción del desempleo y la pobreza. Uno de los mayores desafíos del sector universitario en Costa Rica es garantizar el derecho a la educación, para reducir la desigualdad y promover la justicia social. Sin una democratización del acceso a este nivel educativo, no se puede garantizar una sociedad en donde la trayectoria de vida de las personas no esté determinada por las condiciones sociales de origen.

El Estado debe estimular la participación de los alumnos en la educación superior para aumentar sus años de escolaridad. Los estudiantes que asisten a las universidades obtienen una amplia gama de beneficios financieros y personales. Asimismo, los contribuyentes y la sociedad en su conjunto derivan una multitud de beneficios directos e indirectos, cuando los ciudadanos tienen acceso a la educación superior. Existe una correlación entre los años de escolaridad y los ingresos devengados por las personas. La totalidad de los costos asociados con la educación superior privada se recuperan en un periodo relativamente corto.

Además, a mayor número de graduados universitarios, más bajas son las tasas de desempleo y pobreza; mayores las contribuciones tributarias; menor la demanda sobre los sistemas de asistencia social; menores los índices de encarcelamiento; y más altos los niveles de participación cívica, incluyendo mayores índices de voluntariado, votación y donaciones de sangre. La educación superior igualmente fomenta mayores niveles de consumo y más emprendimientos, lo que a su vez impulsa el bienestar económico y social del país, y forma pueblos más solidarios, democráticos y pacíficos. En consecuencia, las tasas desiguales de participación en la educación superior en los diferentes segmentos de la sociedad deberían ser motivo de preocupación no solo de las personas directamente afectadas, sino también de la sociedad en general.

Si bien podría pensarse que el derecho a la educación superior en nuestro país se encuentra garantizado por la educación superior estatal, las universidades públicas no cuentan con la capacidad para recibir a todos los estudiantes que desean cursar una carrera universitaria. Lo que aun es más preocupante es que el Estado de la Educación (2013) confirma que la educación superior presenta un claro sesgo en su composición socioeconómica hacia los sectores de clase media y alta.

En contraste, un 32 % de la población estudiantil de las universidades privadas, unos 32.796 alumnos, provienen de los primeros tres quintiles de ingreso per cápita, por lo que deben endeudarse y trabajar para poder estudiar. Ni la Ley de CONESUP, ni su reforma, contemplan mecanismos para apoyar financieramente a esta población o aumentar su participación en la educación superior.

Publicado en el Periódico La República el 29 de abril.

Proyecto de Ley de la Secretaría de Educación Superior Privada

Proyecto de Ley de la Secretaría de Educación Superior Privada primer borrador 

Razones para un posgrado

Existen muy buenas razones para querer proseguir estudios de posgrado. Un estudio efectuado por la Ulacit entre su población de egresados demuestra que la diferencia entre el ingreso mensual que devengan los graduados de bachillerato en distintas disciplinas y los que obtienen el grado de maestría, es de medio millón de colones, en promedio. 

Este estudio es consistente con otros a nivel mundial, como el GMAC Global MBA Survey 2006 Comprehensive Report, que demuestran que los graduados de posgrado reciben mejor compensación salarial.

El mejoramiento salarial no es la única razón por la cual debería optar por estudios de maestría, especialidades y doctorados. Satisfacer su curiosidad intelectual, actualizarse en su campo, diversificar sus competencias laborales para mejorar sus niveles de empleabilidad o poder asumir responsabilidades que le generen mayor satisfacción, son otros de los factores de motivación, sobre todo porque son inversiones, en tiempo y dinero, que se recuperan a muy corto plazo.

Otra motivación es realizar la transición hacia otra profesión por deseo o necesidad, por lo que un periodista podría convertirse en mercadólogo, o un ingeniero electrónico, en emprendedor.

Con un posgrado de calidad en cualquier disciplina, el graduado tendrá más posibilidades de realizar funciones gerenciales que ofrecen mayor flexibilidad en el trabajo, retos más interesantes, y beneficios complementarios, como la posibilidad de viajar, de capacitarse o de conocer a personas importantes.

Los beneficios de cursar estudios de posgrado no son únicamente individuales, sino sociales. Para encontrar respuestas a los retos del siglo XXI, asegurar el bienestar social y mejorar la posición de liderazgo intelectual de Costa Rica en la economía del conocimiento global, se requiere una fuerza laboral altamente calificada, creativa e innovadora.

Publicado en el Periódico El Financiero el 19 de abril de 2015.

Internacionalización y CONESUP

Para impulsar su calidad y prestigio, las universidades costarricenses deben participar de los procesos de internacionalización de la educación superior: la movilidad académica de estudiantes, profesores e investigadores; la transnacionalización de programas académicos y la oferta de carreras de título doble o conjunto; el establecimiento de sucursales o sedes de universidades en el exterior; la creación de centros regionales de educación; la inclusión de la dimensión intercultural dentro del currículum y el proceso de enseñanza-aprendizaje; y los proyectos de investigación y redes internacionales, entre otros.

Múltiples estudios han demostrado que los alumnos están cada vez más interesados en cursar su carrera universitaria en un país, otra en un segundo país, luego conseguir una pasantía o empleo en un tercero y hasta en un cuarto país, para regresar, 8 a 12 años después, a su país de origen. Ya no predominan los procesos de “fuga o ganancia de cerebros”, sino los de “entrenamiento de cerebros”.

Países desarrollados como Canadá, Australia, Inglaterra, Singapur y Corea del Sur, invierten en grandes campañas de promoción para atraer a las mentes más brillantes para estudiar y trabajar en sus universidades, con el objetivo de impulsar las agendas nacionales en innovación, emprendimiento e investigación. La creación de centros regionales de educación, o “hubs”, ha sido una estrategia de desarrollo utilizada en los Emiratos Árabes, Bahréin, Malasia y Qatar.

En América, Panamá fundó la Ciudad del Saber para atraer, con fuertes incentivos, a instituciones académicas y de investigación locales e internacionales, así como a empresas innovadoras y organizaciones internacionales y de desarrollo, para crear una plataforma de gestión del conocimiento y así potenciar la integración, el trabajo dinámico en redes y la fusión de esfuerzos con el fin de facilitar los procesos de transferencia hacia el entorno.

Si bien es cierto que la educación transfronteriza se ha convertido en piedra angular de las estrategias de desarrollo de los países para atraer y retener a los trabajadores del conocimiento, existen retos importantes que atender, como son las fábricas de títulos, los molinos de acreditación (credenciales falsos de programas e instituciones) e instituciones “fantasmas” no reguladas.

Ante estos nuevos acontecimientos de dimensiones internacionales, interculturales y globales, la educación superior costarricense debe ser proactiva, responsable e innovadora. La legislación debe favorecer la internacionalización de la educación superior privada como medio de desarrollo nacional y erradicar la titulación ilegítima y establecer reglas del juego para permitir a las universidades locales competir, bajo igualdad de términos, contra otras instituciones locales y las universidades extranjeras.

El CONESUP trunca la movilidad de estudiantes, docentes, programas académicos e instituciones; desestimula la adopción de estándares curriculares internacionales en los planes de estudios; se desentiende de los procesos de clasificación y registro estadístico del desempeño de las instituciones; y no ha sido capaz de cerrar fábricas de títulos locales ni de regular instituciones extranjeras que imparten lecciones en hoteles y urbanizaciones residenciales, al margen de la ley. Su incapacidad tiene que más que ver con su limitada visión de la labor tutelar que debe ejercer sobre el sistema universitario privado, que con la insuficiencia de recursos humanos y materiales.

Publicado en La República el 6 de abril de 2015.

Costa Rica como hub educativo mundial

Por sus logros en educación, Costa Rica es el país latinoamericano llamado a ser líder en la atracción de estudiantes internacionales, y así aumentar la inversión extranjera directa, retener a los estudiantes nacionales talentosos, construir una reputación regional por la calidad de los programas académicos formales y de las oportunidades de educación continua, y así fortalecer una economía basada en el conocimiento.

La participación de las instituciones de educación superior privada en la creación de un hub educativo es esencial: este sector ha contribuido a mejorar la cobertura de la educación superior en todo el territorio, ofreciendo una oferta extensa y variada a un 52% de la población estudiantil en edades de 18 a 24 años.  Además, es el sector con mayor crecimiento: de 1995 a 2011, el número de diplomas se multiplicó tres veces en la educación superior total, pero 5,6 veces en el sector privado. 

Siguen existiendo retos en la educación superior privada, que son similares a los de la educación estatal. Aún no existe un plan de educación superior en línea con las aspiraciones de desarrollo nacional que defina metas, presupuestos, ni políticas públicas de coordinación y articulación entre sectores público y privado. Por otra parte, persisten problemas de acceso a la educación superior por parte de poblaciones de menores ingresos.

En ninguno de los dos sectores existen indicadores de gestión públicamente disponibles para que un ciudadano pueda evaluar la calidad del servicio educativo: en el sector privado, el CONESUP no se ha preocupado por recoger un solo índice más allá del número de títulos universitarios otorgados y las carreras en las que se otorgaron.  En el sector público, y a pesar de contar con miles de millones en presupuestos para la investigación, las universidades no divulgan cuánto nos cuesta a los contribuyentes educar a cada alumno, ni tampoco indican cuánto tiempo demoran en graduarse. 

En ambos sectores es difícil distinguir entre la calidad de las instituciones educativas y su oferta académica, en ausencia de indicadores de gestión.  El único ente que recopila alguna información es el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), pero solo el 5,6% de las carreras del país están acreditadas y la información no está públicamente disponible como para comparar entre instituciones.   Por último, la oferta académica no refleja innovación, como bien apunta el Estado de la Educación en su último informe. 

Por estas razones, el Gobierno tendría que abocarse a diseñar un Plan Nacional de Educación Superior, impulsar un sistema tecnológico que recoja los indicadores de gestión principales bajo los cuales se vaya a evaluar el avance de ese Plan, asegurarse que los indicadores reportados sean fidedignos y clasificar a las instituciones, según los resultados.  Por último, debería apoyar económicamente a los estudiantes de bajos ingresos, en las instituciones de mayor reputación según el ranking, sean públicas o privadas.

¿Se justifica la desigualdad salarial?

Según la Organización Internacional de Trabajo, sigue perpetuándose la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres en Costa Rica.  Las diferencias salariales bien podrían deberse a prejuicios y prácticas discriminatorias, como cuando se remunera a hombres y mujeres de forma distinta a pesar de trabajar en puestos similares, o cuando se crean diferentes denominaciones de los puestos para ocupaciones idénticas o similares.

También son discriminatorias las prácticas que deprecian las calificaciones y responsabilidades relacionadas con ocupaciones femeninas, o las que aplican diferentes métodos de evaluación de los puestos de trabajo, sistemas de clasificación de puestos o sistemas de remuneración, según los ocupen hombres o mujeres. La discriminación en la remuneración solo puede ser explicada en función del sexo de la persona, y no como resultado del desempeño de la persona en su trabajo. 

Inciden, por ejemplo, la edad, el nivel educativo, la situación familiar, la experiencia en el mercado laboral, las interrupciones en la carrera laboral y la antigüedad en el empleo.  En la desigualdad salarial también influyen el tipo de jornada, tipo de trabajo, tipo de industria,  situación laboral, perspectivas de carrera, condiciones de trabajo y otros.


Los hombres escogen ejercer profesiones que simplemente pagan mejor, lo que se evidencia en el porcentaje de hombres que optan por carreras ingenieriles y económicas, bien remuneradas, y en el porcentaje de mujeres que optan por vincularse a la educación y la salud, profesiones peor remuneradas, pero que permiten compatibilizar su trabajo como madres y esposas.

Sin embargo, no se puede desconocer la carga cultural y social que incide sobre las preferencias de las mujeres y los hombres en la escogencia de determinados puestos, en una preservación de los roles y estereotipos de género derivados de visiones tradicionales de la división sexual del trabajo.  La elección de profesión también se toma en contextos de culturas organizacionales con valores masculinos, como lo son, por ejemplo, los requisitos de disponibilidad plena, presencialidad o movilidad, aún cuando no se relacionen con el objetivo de productividad.

Muchos hombres laboran en trabajos peligrosos, estresantes, incómodos, aislados y geográficamente distantes, y durante más horas, en fines de semana y noches, por lo que ganan más.  

Además, típicamente buscan profesiones bien remuneradas, como primera prioridad, cuando las mujeres optan por aquellas con jornadas laborales reducidas, próximas al hogar, y que generan satisfacciones personales, mayor autonomía y seguridad.Lo que también es cierto es que todas las diferencias salariales no obedecen a prácticas discriminatorias.  

Claro está que las brechas salariales también obedecen a tipos de ocupaciones, ramas de actividad, características personales, laborales, las normas sociales y tradiciones, y los contextos institucionales.


Publicado en La República el 9 de marzo de 2015.

El docente de secundaria que ocupamos

El perfil del profesor se empieza a concretar a partir de los incentivos que la sociedad ofrezca para que las personas más calificadas quieran ingresar a la profesión.  La motivación fundamental, más allá de las recompensas y los castigos, es la intrínseca: la felicidad, definida como la capacidad de hacer con nuestro tiempo lo que mejor nos parezca.  Motivación es autonomía, la capacidad de tomar decisiones sobre qué y cómo enseñamos, el deseo de superarnos y la posibilidad de contribuir con alguna meta que trascienda nuestra propia existencia.  No hay calidad docente cuando no hay libertad, cuando lo que prevalece es la restricción y la imposición.

La formación idónea de un docente lo obliga, en primera instancia, al aprendizaje profundo de las áreas de contenido académico, por lo que un profesor de secundaria tendría que graduarse en el campo disciplinar que pretende enseñar, para luego desarrollar sus competencias pedagógicas a nivel de maestría en planes de estudios de dos años. Entonces, en sistemas educativos de alto rendimiento, los cursos de química los imparte un químico de profesión con una preparación de posgrado en docencia y no un bachiller en Enseñanza de las Ciencias Naturales.  Lógico, ¿no?  Factible, ¿por qué no?

Las carreras de educación deben ser reformadas integralmente en las universidades, con el propósito de vincular la teoría con la práctica y aumentar la congruencia entre la educación que se ofrece con lo que actualmente se está requiriendo en las aulas.  Basta con ver las fechas de la última aprobación de los planes de estudio para alarmarse y correr a diseñar un plan nacional para la atención de esta prioridad, asegurándose esta vez que el tiempo que los alumnos destinen a la teoría se equipare con el tiempo destinado a experiencias prácticas, incluyendo las oportunidades para la observación, las tutorías individuales,  la asistencia a profesores experimentados y la impartición de lecciones a grupos completos.  Los alumnos de educación actualmente no cuentan con la autorización oficial del Estado ni mecanismos para realizar sus prácticas en colegios públicos.

La formación inicial del docente se enriquece con oportunidades continuas de crecimiento profesional, siempre y cuando haya cultivado, en etapas tempranas de su desarrollo intelectual, la capacidad e interés genuino por mejorar sus propias destrezas.  Los días anuales de capacitación son imprescindibles, pero además lo son las oportunidades para observar, compartir y aprender de otros docentes.  La colaboración y la coordinación son fundamentales en la formación continua del docente de secundaria, por lo que el sistema educativo debe abrir los espacios para este tipo de interacciones.

Un profesor altamente calificado, con un agudo sentido de propósito, estará más inclinado a innovar en el aula y tendrá mayor disposición de velar por las necesidades intelectuales y emocionales de sus alumnos, así aumentando sus probabilidades de éxito dentro del sistema escolar. 

Publicado en La República el 23 de febrero de 2015.

Abusadores de animales ¡a la cárcel!

El primero de febrero, miles de costarricenses nos reunimos en el Paseo Colón para abogar por los derechos de los animales, en apoyo al proyecto de ley número 18298, cuyo objetivo es reformar el Código Penal y la Ley de Bienestar de los Animales.  Preocupa que un proyecto de esta naturaleza esté estancado en la Asamblea Legislativa, puesto que todo legislador debería está interesado en proteger a los animales en contra de todo tipo de maltratos, ya sea por negligencia en los cuidados básicos, o por situaciones de crueldad, como la tortura, la mutilación o el biocidio.

Salvo en casos de tráfico ilícito y caza ilegal de las especies en vías de extinción, el abusador animal en nuestro país goza de total impunidad. Se reciben hasta 300 denuncias semanales sin enjuiciamiento para los agresores. Las modificaciones sugeridas por el proyecto de ley pretenden precisar las conductas prohibidas y establecen verdaderas sanciones que sirvan como disuasivos; las leyes actuales imponen multas ridículas de tres a treinta días) por causarle la muerte a un animal sin necesidad.

Estudios internacionales confirman que el abuso animal se correlaciona con trastornos mentales profundos de los agresores, y se asocia con otros delitos, incluyendo la violencia doméstica e infantil, el tráfico de drogas, la participación en pandillas, el asalto sexual y las violaciones a las leyes de armas. Siendo así las cosas, el penalizar las agresiones contra los animales contribuiría a establecer un registro de individuos con conductas antisociales.

Con respecto a la razonabilidad y proporcionalidad de las penas, no se debe sancionar el maltrato animal con penas superiores a las impuestas por maltrato humano, pero podrían ser equivalentes.  El ser humano es la única especie racional, por lo que es la única con la capacidad, y por tanto la obligación, de proteger la vida en la tierra. Como homo sapiens sapiens, la especie más sabia de las sabias, no debemos adoptar visiones antropocéntricas de nuestra existencia, asumiendo que la integridad física de un animal es menos importante que la integridad física del hombre.

Un ser racional no puede degradar o acabar con la vida de otro ser viviente sin razón alguna, por ser inhumano, inmoral y socialmente inconveniente.  Por eso, las penas ante crímenes contra los animales deberían ser penalizadas hasta con la privación de la libertad.

El proyecto de ley establece sanciones de cárcel para quien lastime o arrolle animales intencionalmente, les cause torturas, lesiones, agresiones o sufrimientos innecesarios, los mate con dolor y angustia por el solo espíritu de perversidad; para quienes abusen sexualmente de animales; practiquen la vivisección; intervengan quirúrgicamente animales sin anestesia o sin poseer el título de médico o veterinario; o mutilen cualquier parte del cuerpo de un animal. También se sanciona a quienes organicen espectáculos públicos o competencias en las que se mate, hiera o torture animales.

A publicar en el Periódico La República el 12 de febrero.

Las artes en secundaria

¿Tiene sentido estratégico para Costa Rica fomentar la industria de la cultura y el entretenimiento? Habiendo tantos chicos con inclinaciones artísticas, altos índices de desempleo juvenil y una demanda internacional casi infinita por este tipo de productos y servicios, es urgente formar técnicos y profesionales en las artes visuales, la cinematografía, la danza y la música, en disciplinas como la animación digital, el diseño gráfico, la ilustración, el diseño industrial, el diseño de modas, la composición musical, el desarrollo de videojuegos, la ingeniería de sonido y la actuación, entre otras.

Ninguna de estas industrias se podría atender sin el recurso humano adecuado, por lo que hay que empezar por interesar y preparar a las nuevas generaciones de diseñadores y artistas. Por eso es que los cursos de artes visuales, artes dramáticas, danza escénica y música deberían impartirse en todos los colegios de secundaria; en la actualidad, a duras penas se imparten materias complementarias.

La educación artística no solo interesa con fines vocacionales, sino porque desarrolla carácter, identidad cultural y capacidad de respuesta estética, así como habilidades para observar, escuchar y comprender diversas formas de expresión humana, desde los principios elementales del arte: el balance, la unidad, el énfasis, el contraste, el patrón, el ritmo y el movimiento.

Con este programa, los alumnos mejorarían sus capacidades visual-espaciales, motoras y tecnológicas, y serían capaces de involucrarse con inteligencia y criticidad sobre el mundo del arte y las ideas, a través del uso del razonamiento estético.

La educación artística fomenta las habilidades comunicativas. Mucha de la información que se comunica actualmente se representa en gráficos, fotografías, mapas, vídeos y diagramas. Un alumno visualmente alfabetizado puede descifrar el contenido de mensajes visuales y presentar sus ideas de forma visual.
Además potencia las capacidades de los alumnos para trabajar en equipo y explorar, experimentar y arriesgarse con nuevas ideas, impulsando la apertura mental, la creatividad y la motivación por innovar.

La educación artística genera la motivación necesaria para producir los niveles de atención requeridos y así mejorar el aprendizaje en otros dominios de la cognición. Existen correlaciones positivas entre el desarrollo de habilidades artísticas y musicales y el rendimiento en materias académicas; se ha demostrado que se obtienen resultados positivos como resultado de un mayor involucramiento y compromiso emocional de los estudiantes con su proceso de aprendizaje y consecuentemente una mayor comprensión del contenido programático. La incidencia sobre la retención escolar está comprobada.

Publicado en La República el 26 de enero de 2015.

Educación, salud y secundaria

Si tan solo preparáramos a los jóvenes para asumir los retos sociales cotidianos de este siglo- la violencia, el alcohol, las drogas, la obesidad, los embarazos no deseados, las enfermedades y las relaciones disfuncionales- podríamos mejorar los índices de logro escolar, formar adultos productivos y reducir significativamente los costos de los servicios de salud y seguridad.

Más allá de ser un tema transversal en el curriculum, Educación para la Salud debería ser una asignatura básica, en atención a los aspectos físicos, mentales, emocionales y sociales de los chicos, para ayudarlos a mantener su salud, a prevenir la enfermedad y a evitar las conductas de riesgo a lo largo de su vida. 

Aprenderían sobre las enfermedades causadas por el sedentarismo y la alimentación deficitaria, así como las consecuencias de los desórdenes alimentarios y el uso indebido de pastillas para adelgazar y los esteriodes anabólicos. La expectativa es que los jóvenes pudieran plantearse metas para lograr una nutrición balanceada y diseñar un plan de actividad física apropiado.

Se familiarizarían además con los cambios físicos, sociales y emocionales en su etapa de desarrollo, así como con los procesos de concepción, las etapas de embarazo y las responsabilidades asociadas con la paternidad responsable. Comprenderían las características de relaciones humanas saludables, las relaciones de pareja y el matrimonio; así como sobre los métodos más efectivos para la prevención de las enfermedades venéreas y el embarazo.  Conocerían el proceso de desarrollo fetal y nacimiento, así como los cuidados prenatales y perinatales. Ante todo, aprenderían a valorar los beneficios de esperar a la adultez para concebir hijos.

El programa incluiría tópicos sobre el bienestar mental de los alumnos. El propósito es ayudarlos a identificar situaciones estresantes y emplear técnicas para manejarlas; a dialogar y utilizar técnicas de resolución de conflictos; a desarrollar una autoestima positiva; a detectar señales de depresión o conductas auto-destructivas; y a buscar asistencia en salud mental en caso de ser necesario.

Reflexionarían sobre los beneficios de abstenerse de consumir alcohol, tabaco y otras drogas. Además, comprenderían las consecuencias de afiliarse con pandillas, a identificar conductas como el matonismo, la violencia y acoso sexual, y a reportar estas conductas ante las autoridades.

En un último módulo, aprenderían sobre salud comunitaria y las técnicas de primeros auxilios, la atención de emergencias en sus propios hogares y comunidades; y la prevención y resolución de problemas ambientales.  Sabrían efectuarse autoexámenes, a programar revisiones médicas y dentales regulares; y a identificar síntomas que ameriten buscar servicios de salud.  

Este programa generaría ahorros como resultado de los mayores índices de salud de la población y una menor incidencia criminal, así como fuentes de empleo para psicólogos, nutricionistas, promotores de salud y educadores físicos.

Publicado en La República el 12 de enero de 2015.